La Armada inició una purga interna al apartar a diez militares involucrados en una trama de corrupción con la liquidación de haberes. La fuerza naval elevó las actuaciones a la Justicia Federal para investigar el desvío de casi mil millones de pesos.
El jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a diez militares tras descubrir una red de corrupción en las liquidaciones salariales. La institución inició un procedimiento disciplinario por faltas gravísimas que podría provocar la destitución de los acusados. Asimismo, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, ordenó expulsar a los implicados para proteger el prestigio institucional.
La Armada Argentina presentó la denuncia penal en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, que está a cargo del juez Sebastián Ramos. El capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, entregó las pruebas correspondientes el 15 de septiembre. La maniobra defraudatoria sumó 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026.
Detalles de la maniobra delictiva
Las anomalías comenzaron a detectarse en febrero de 2026 dentro del Departamento Revista. Tiempo después, en agosto, las autoridades descubrieron transferencias sin sustento hacia María del Carmen Prieto, esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff. El oficial ejercía la jefatura de dicha área y resultaba el principal responsable del esquema delictivo.
El mecanismo alteraba los archivos bancarios dirigidos al Banco de la Nación Argentina antes del envío definitivo. Cuatro personas ajenas a la institución recibieron $434.200.718,04 de forma irregular. Entre los beneficiarios externos figuraban María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz. Por otra parte, la pesquisa salpicó a oficiales como el capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, su esposa Luana Magalí Piedigrossi, y los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Cristian Sebastián Lobato, Juan Carlos Barrios, Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni.
Hasta la presentación judicial, las devoluciones de fondos sumaron $42.574.267,63. La Armada Argentina preserva el material informático en el Edificio Libertad mientras un abogado militar conduce la etapa sumarial. Finalmente, la Justicia Federal determinará las responsabilidades penales sobre este desvío millonario de caudales públicos.
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