El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a tensar la relación con la Casa Rosada al denunciar una millonaria deuda de la administración de Javier Milei y un recorte de fondos que, según cálculos oficiales, equivale a años de inversión en obras públicas.
La denuncia del equipo económico bonaerense
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó que la Nación mantiene una deuda cercana a los $16 billones con la provincia de Buenos Aires. El cálculo surge de transferencias que, según el gobierno de Axel Kicillof, dejaron de girarse desde diciembre de 2023, además de obras paralizadas y compromisos de pago incumplidos.
López advirtió que, en total, la provincia ya perdió cerca de $22,2 billones por el ajuste nacional. De ese monto, una parte corresponde a programas específicos para infraestructura y otra a fondos que históricamente la Nación remitía por fuera de la coparticipación.
Desde La Plata describen la situación como una “asfixia financiera” y sostienen que el recorte complica el pago a proveedores, la continuidad de proyectos clave y la planificación del presupuesto provincial en un contexto de alta inflación y caída de la actividad.
Impacto en obra pública y servicios
El ministro detalló que el ajuste nacional aplicado por la gestión Milei equivale, en términos de montos, a ocho años de inversión en obra pública provincial. En esa cuenta entran trabajos viales, ampliaciones de hospitales, construcción de escuelas y obras de agua y saneamiento.
Muchas de esas iniciativas se ejecutaban de manera conjunta entre Nación y provincia. Al frenarse los desembolsos nacionales, la administración bonaerense debió reprogramar o suspender parte de los proyectos, priorizando aquellos considerados esenciales por su impacto social.
Fuentes del equipo económico señalan que, además de las obras, se vieron afectados programas de apoyo a municipios, lo que presiona las finanzas locales. Intendentes de distintos signos políticos vienen advirtiendo que el recorte complica el pago de sueldos, el mantenimiento urbano y la prestación de servicios básicos.
Reclamo político y disputa federal
La controversia se inscribe en una tensa relación política entre el gobernador Kicillof y el presidente Javier Milei. El bonaerense viene denunciando desde principios de año un “castigo” a las provincias opositoras, mientras que el Ejecutivo nacional argumenta la necesidad de equilibrar las cuentas públicas.
Desde la provincia exigen que la Casa Rosada regularice los pagos y convoque a una mesa de discusión federal que incluya a todas las jurisdicciones. Kicillof insiste en que Buenos Aires aporta una parte decisiva de la recaudación nacional y reclama un esquema de financiamiento más estable y previsible.
En paralelo, la administración bonaerense analiza caminos judiciales y legislativos para sostener el reclamo. La discusión por los fondos se suma a otros frentes de conflicto entre Nación y provincias, como la coparticipación, los subsidios al transporte y el financiamiento educativo.
Para los especialistas, el desenlace de esta disputa será clave para el funcionamiento del federalismo fiscal en los próximos años y para la capacidad de las provincias de sostener políticas públicas básicas en un escenario de fuerte ajuste.
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