La figura de juicio en ausencia busca permitir el juzgamiento de imputados ausentes en casos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El Gobierno presentó un proyecto de ley para incorporar el juicio en ausencia en el sistema judicial argentino. La propuesta busca modificar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Federal. Permitiría juzgar a acusados que no se encuentren presentes en el proceso judicial. Esta medida está pensada para aplicarse en casos de delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto tiene como objetivo avanzar en la causa del atentado a la AMIA, permitiendo el juzgamiento de los ciudadanos libaneses e iraníes prófugos. El ataque, ocurrido en 1994, dejó un saldo de 85 muertos y aún busca justicia plena.
El proyecto
“La regulación actual del proceso penal no admite arribar a una decisión definitiva si el imputado se encuentra ausente. Esto es particularmente problemático en casos de graves violaciones a los derechos humanos ante los cuales la sociedad tiene un interés legítimo e irrenunciable en conocer la verdad”, explican los fundamentos del proyecto. “Permitir el juicio en ausencia en estas circunstancias podría contribuir a satisfacer este interés público, al garantizar que los procesos judiciales avancen incluso cuando el acusado no comparezca en el tribunal”.
El proyecto establece condiciones específicas para llevar a cabo un juicio en ausencia. El imputado debe ser declarado rebelde, es decir, que conociendo el proceso en su contra no se presenta, no responde, no acata o elude los requerimientos judiciales. Además, se deben haber hecho intentos razonables por ubicarlo durante al menos cuatro meses tras la emisión de una orden de captura nacional o internacional.
Otra condición es que la extradición solicitada por Argentina a otro país sea denegada o no tenga respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional no haya admitido el juzgamiento en el país extranjero.
Garantías para el derecho a la defensa
Para asegurar el derecho a la defensa del imputado ausente, el proyecto contempla que, si no tiene defensor, el juez le designará uno de oficio. Además, el imputado podrá designar un defensor de su confianza en cualquier etapa del proceso, y su presencia no será requerida para ningún acto procesal.
El imputado ausente que se presente durante el juicio tendrá derecho a ser oído. Si es condenado en ausencia y demuestra que no tuvo conocimiento del proceso en su contra o no pudo asistir por un impedimento grave y legítimo, podrá solicitar un nuevo juicio. Además, podrá pedir la revisión de la sentencia si presenta pruebas que demuestren su inocencia o la existencia de una norma penal más favorable.
El proyecto lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Cúneo Libarona.
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