El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain llega al banquillo acusado de haber direccionado una millonaria licitación de armas, en una causa que él denuncia como una maniobra política en su contra.
El proceso judicial contra Marcelo Sain, extitular de la cartera de Seguridad de la provincia de Santa Fe, comenzó esta semana con fuertes expectativas políticas y judiciales. Se lo investiga por presuntas anomalías en una licitación para la compra de armamento -valuada en alrededor de 17 millones de dólares- que habría beneficiado a una empresa en particular.
De acuerdo a la acusación, durante su gestión se habrían vulnerado principios básicos de transparencia y concurrencia en la contratación pública. Los fiscales sostienen que hubo un diseño del pliego que, en los hechos, limitó la competencia y abrió la puerta a posibles sobreprecios y direccionamiento.
Desde la defensa del exfuncionario niegan cualquier irregularidad y remarcan que se trató de una política de reequipamiento de la fuerza, en un contexto de fuerte demanda de armas y chalecos por parte de la Policía santafesina, atravesada por altos niveles de violencia en Rosario y otras ciudades de la provincia.
Las posiciones enfrentadas en la causa
Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el expediente configura un caso emblemático de presunta corrupción en la gestión de la seguridad. Entre los puntos bajo la lupa figuran:
- La modalidad elegida para la compra y los plazos fijados en el pliego
- Las condiciones técnicas exigidas a los oferentes
- La presunta falta de competencia real entre empresas proveedoras
- El eventual perjuicio económico para el Estado provincial
Sain, en cambio, insiste en que la causa “es política y está armada” para perjudicarlo y deslegitimar su paso por el Ministerio. Sostiene que sus decisiones apuntaron a modernizar el equipamiento, en una provincia con severos problemas de narcocriminalidad y homicidios dolosos.
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