En Rosario comenzó un proceso judicial clave que pone en el banquillo a 21 policías acusados de torturas y abusos contra siete jóvenes detenidos en un operativo realizado en 2018.
Los hechos que ahora llegan a juicio ocurrieron en 2018, en la zona de Provincias Unidas y Mendoza, en el oeste de Rosario. Allí, siete jóvenes fueron detenidos en circunstancias que la acusación considera totalmente irregulares y sin causas legales que justificaran los arrestos.
Según la investigación fiscal, los muchachos habrían sido subidos por la fuerza a móviles policiales y trasladados a la Comisaría 14ª, donde habrían sido sometidos a distintos tipos de violencia física y psicológica, amenazas y vejaciones.
En el banquillo se sientan 21 efectivos de la policía santafesina, entre ellos agentes de calle y mandos medios, acusados de apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y otros delitos vinculados al abuso de autoridad.
Acusaciones por torturas y abusos
De acuerdo al expediente, dentro de la seccional las víctimas habrían sufrido golpizas, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Los testimonios dan cuenta de que fueron obligados a permanecer esposados por horas, en posiciones forzadas y sin acceso a agua ni asistencia médica adecuada.
La Fiscalía sostiene que se trató de un operativo armado para disciplinar a los jóvenes y enviar un mensaje ejemplificador en el barrio, más que de una intervención policial legítima. Entre las evidencias se incluyen certificados médicos, informes internos y declaraciones de testigos.
Las defensas de los efectivos niegan las acusaciones y plantean que la actuación se dio en el marco de tareas de prevención del delito, aunque reconocen ciertas “irregularidades” en los procedimientos. El juicio deberá establecer hasta dónde llegó la responsabilidad de cada imputado.
Un caso testigo para el control de las fuerzas
Organismos de derechos humanos y referentes barriales siguen de cerca el debate oral, al considerar que se trata de un caso testigo sobre violencia institucional en Rosario y en la provincia de Santa Fe.
En las últimas décadas, distintos informes oficiales y de organizaciones civiles han advertido sobre prácticas de apremios ilegales y abusos dentro de comisarías y lugares de detención. Para estos espacios, una condena en este expediente sería un mensaje claro hacia las fuerzas de seguridad.
El tribunal deberá evaluar las pruebas y testimonios de los siete jóvenes afectados, profesionales de la salud, peritos y policías, en un proceso que se prevé extenso. El fallo, cuando llegue, marcará un antecedente clave para delimitar los márgenes de actuación policial en territorio santafesino.
Mientras tanto, las familias de las víctimas reclaman justicia y exigen garantías para que no se repitan hechos de violencia en comisarías ni en la vía pública, y que se fortalezca el control político y judicial sobre el accionar de las fuerzas.
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