La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo encendió una señal de alarma frente al proyecto para llevar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña y advirtió por sus efectos institucionales y sobre los derechos laborales.
Alerta de la Justicia del Trabajo
La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) manifestó su “preocupación y desacuerdo” con la iniciativa para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Sostienen que la medida implicaría un “retroceso institucional” en la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras.
El planteo se da en el marco de la discusión sobre la autonomía porteña y el reparto de competencias entre Nación y Ciudad. Actualmente, los juzgados nacionales del trabajo dependen del Poder Judicial de la Nación, aunque tienen jurisdicción principalmente sobre conflictos laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde la ANJUT alertan que el traspaso podría provocar una “desespecialización” del fuero, en un contexto donde las relaciones laborales atraviesan cambios profundos por la inflación, la informalidad y las reformas impulsadas por el gobierno nacional.
Riesgos para la libertad sindical y el acceso a la Justicia
En su pronunciamiento, la asociación de magistrados laborales advirtió que la transferencia podría impactar en la libertad sindical y en la tutela de los derechos colectivos, al modificar el esquema actual de competencia y control judicial sobre conflictos gremiales.
Los jueces remarcaron que el fuero del trabajo cumple un rol clave en la protección de los sectores más vulnerables del mercado laboral, al intervenir en casos de despidos, reclamos salariales, accidentes de trabajo y conflictos paritarios. Un cambio en su dependencia institucional, advierten, puede alterar la forma en que se garantiza el principio protector del derecho laboral.
También cuestionan que una eventual unificación con otros fueros locales derive en estructuras menos especializadas, con tiempos de respuesta más largos y menor capacitación específica de jueces y funcionarios en materia laboral.
Reclamo por un debate amplio en el Congreso
La ANJUT reclamó que cualquier proyecto de traspaso se discuta en el Congreso de la Nación mediante un proceso “amplio, transparente y participativo”, que incluya a trabajadores, sindicatos, empleadores, especialistas y colegios de abogados.
Recordaron que la Constitución reconoce la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero subrayaron que la redefinición de competencias judiciales debe garantizar la independencia del Poder Judicial y no debilitar la tutela de los derechos laborales conquistados en las últimas décadas.
Mientras tanto, el gobierno nacional y las autoridades porteñas mantienen conversaciones sobre el diseño de un esquema de traspaso de fueros, en línea con acuerdos firmados en gestiones anteriores, aunque sin un cronograma detallado ni un proyecto integral aprobado por el Parlamento.
El pronunciamiento de los jueces laborales se suma a las advertencias de distintos sectores sindicales y académicos, que temen que un rediseño apresurado del mapa judicial termine debilitando la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas laborales.
Qué podría cambiar para trabajadores y empleadores
De concretarse el traspaso, los litigios laborales que hoy tramitan ante la justicia nacional podrían pasar a depender de tribunales creados por la Ciudad de Buenos Aires. Eso abriría interrogantes sobre la continuidad de causas en trámite, la aplicación de códigos procesales locales y la eventual modificación de criterios jurisprudenciales consolidados.
Para los trabajadores, el principal temor es que se eleven las barreras de acceso a la Justicia o se pierda la mirada protectoria que caracteriza al fuero laboral. Para las empresas, en tanto, un cambio de jurisdicción podría implicar nuevas reglas procesales y eventuales cambios en los tiempos de resolución de los juicios.
Mientras el debate se instala en la agenda política y judicial, la ANJUT insistió en que cualquier reforma debe priorizar la seguridad jurídica y la defensa de los derechos laborales, por encima de disputas de competencia entre Nación y Ciudad.
Comentarios