Un bebé de dos años permanece internado en estado crítico luego de recibir un corazón que no funcionó tras el trasplante. La Justicia investiga qué ocurrió con el órgano durante el traslado y la conservación, mientras la familia se aferra a la fe y pide respuestas.
Imagen: Clarín
Un trasplante que derivó en una investigación penal
El caso conmueve al país: un trasplante de corazón pediátrico terminó en una situación límite para un nene de apenas dos años. El órgano implantado no respondió como se esperaba y el paciente quedó conectado a asistencia mecánica, a la espera de una nueva oportunidad.
Ante la gravedad del episodio, interviene la Fiscalía, que intenta determinar si hubo fallas humanas, logísticas o técnicas en el proceso de procuración, traslado y conservación del corazón desde el momento de la ablación hasta su llegada al quirófano.
La investigación busca establecer con precisión la cadena de decisiones: quiénes intervinieron en el operativo, qué controles se hicieron sobre el órgano y si se cumplieron los protocolos nacionales de trasplante que fija el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
¿Qué analizan los fiscales y cómo es el protocolo?
En este tipo de procedimientos, el tiempo es clave. Los especialistas señalan que un corazón extraído para trasplante tiene una ventana muy limitada para ser implantado y debe mantenerse en condiciones estrictas de temperatura y conservación durante el traslado.
Por eso, los investigadores revisan documentación médica, reportes del operativo y testimonios del equipo de salud y de logística. El objetivo es saber si el órgano llegó en condiciones óptimas o si se produjeron demoras, errores de embalaje o fallas en la cadena de frío.
De comprobarse negligencias, podrían abrirse causas por mal desempeño profesional o incluso por delitos vinculados a la mala praxis. Por ahora, la causa se encuentra en etapa preliminar y bajo estricto hermetismo para resguardar la identidad del paciente y de los equipos intervinientes.
La situación del bebé y el pedido de la familia
El niño permanece internado en terapia intensiva pediátrica, con estado crítico y pronóstico reservado. Está conectado a asistencia circulatoria y monitoreo permanente, mientras los médicos evalúan alternativas para sostenerlo hasta que surja un nuevo donante compatible.
La familia, que atravesó la espera angustiante de un corazón compatible y el riesgo del quirófano, ahora enfrenta un escenario aún más duro. Sus allegados relatan que los padres se aferran a la fe, piden oraciones y hablan de “esperar un milagro”, al mismo tiempo que reclaman claridad y transparencia sobre lo que pasó.
Organizaciones vinculadas a la donación de órganos remarcan que hechos como este deben ser esclarecidos rápidamente para no desalentar la solidaridad de la sociedad, y subrayan la importancia de mantener estándares rigurosos de control en todos los trasplantes, especialmente en los pediátricos.
Mientras avanza la investigación judicial, el equipo médico y la familia se concentran en sostener al pequeño paciente día a día. En paralelo, el caso abre un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría en el sistema de trasplantes para evitar que una situación tan extrema vuelva a repetirse.
¿Cómo es el sistema de donación de órganos en Argentina?
Argentina cuenta con un sistema público de donación y trasplante coordinado por el Incucai a nivel nacional y por organismos jurisdiccionales en cada provincia. La Ley Justina establece que toda persona es donante presunta, salvo que haya dejado constancia en contrario.
En el caso de trasplantes pediátricos, las listas de espera priorizan la urgencia y la compatibilidad. Los corazones para niños suelen ser escasos, por lo que cada operativo se planifica al detalle y participan múltiples equipos de salud, tanto en la ablación como en el implante.
Especialistas consultados recuerdan que, aunque los trasplantes de corazón tienen riesgos elevados, los controles buscan minimizar cualquier factor evitable. Por eso, el esclarecimiento de este caso será clave para reforzar la confianza en el sistema y garantizar mayor seguridad en futuros procedimientos.
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