Google y la Unión Europea se han unido para establecer un marco regulatorio adecuado para la inteligencia artificial (IA) que permita garantizar la seguridad de los consumidores y atribuir responsabilidades en los supuestos en que provocan daños.
Google y la Unión Europea se han unido para establecer un marco regulatorio adecuado para la inteligencia artificial (IA) que permita garantizar la seguridad de los consumidores y atribuir responsabilidades en los supuestos en que provocan daños.
La iniciativa busca adelantarse a la aprobación de la legislación sobre IA que se discute en el Parlamento Europeo. La Comisión Europea ha propuesto la primera legislación de IA del mundo y busca convertirse en líder en la regulación de esta tecnología.
La regulación europea sobre IA busca ser especialmente transparente y flexible, basándose en una escala de “riesgos”. Pretende limitarse tan solo a las cuestiones estrictamente necesarias, concretamente las relacionadas con aquellos sistemas de IA que presenten un alto riesgo, a los que considera conveniente imponer un sistema de responsabilidad objetiva.
En cualquier caso, esta “flexibilidad” no podrá en ningún caso suponer un riesgo para la defensa de los Derechos Fundamentales, que deberán prevalecer sobre la legislación en esta materia, pues su eventual vulneración está considerada un “riesgo inaceptable”.
La iniciativa de Google y la Unión Europea busca establecer un marco regulatorio adecuado para la IA, que permita garantizar la seguridad de los consumidores y atribuir responsabilidades en los supuestos en que provocan daños. La regulación europea sobre IA busca ser especialmente transparente y flexible, basándose en una escala de “riesgos”.
La regulación de la IA es un tema crucial para la Unión Europea, ya que esta tecnología presenta innegables utilidades, pero también potenciales riesgos por errores y fallos para los destinatarios finales de sus servicios y el mercado en general.
La nueva regulación europea de la IA será aplicable a los servicios de IA ofrecidos desde terceros países a los ciudadanos de la UE. Por lo tanto, es muy relevante cómo se va a aplicar este reglamento, se va a evaluar la conformidad y la supervisión para estos casos.
Es necesaria una plena cooperación entre la UE y los terceros países para garantizar la compatibilidad de los resultados normativos, permitiendo marcos flexibles que aseguren el cumplimiento normativo y evaluaciones de conformidad que proporcionen seguridad jurídica con los procedimientos menos gravosos posibles.
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