La marcha sindical contra la reforma laboral frente al Congreso terminó con un fuerte operativo policial, corridas y nuevos detenidos, en una jornada que volvió a tensionar la relación entre el Gobierno y las centrales obreras.
La protesta fue convocada por gremios y organizaciones sociales para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, derivó en un escenario de tensión cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
Según fuentes oficiales, el operativo incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma e hidrantes para dispersar a sectores que, de acuerdo a la versión policial, arrojaban piedras y otros objetos contundentes hacia las vallas de seguridad.
A lo largo de la tarde se produjeron varios focos de incidentes y corridas sobre la Plaza del Congreso y calles aledañas. El saldo preliminar del operativo dejó un total de 37 personas detenidas, de las cuales 15 continuaban demoradas al cierre de esta edición, acusadas de distintos delitos.
Qué se debatía en el Senado
En paralelo a la movilización, el Senado discutía el proyecto de reforma laboral, una de las iniciativas clave del oficialismo para modificar el esquema de indemnizaciones, facilitar modalidades de contratación y reducir costos para las empresas.
Las centrales sindicales denuncian que los cambios implican un retroceso en derechos adquiridos, recorte de la protección frente a despidos y mayor precarización. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la reforma es necesaria para impulsar el empleo formal y hacer más competitivo al mercado de trabajo argentino.
Cruces políticos y denuncia de represión
Tras los incidentes, dirigentes sindicales y referentes de la oposición denunciaron una represión desmedida y apuntaron contra el protocolo de orden público aplicado por el Ministerio de Seguridad, que endurece los criterios para cortar calles y fija márgenes más amplios para la intervención policial.
Desde el oficialismo defendieron el despliegue, al remarcar que el objetivo fue garantizar el funcionamiento del Congreso y evitar daños a edificios públicos. Voceros de la Casa Rosada subrayaron que se actuó frente a “grupos violentos” y que el derecho a la protesta no habilita hechos delictivos.
Organismos de derechos humanos, en tanto, reclamaron la inmediata liberación de manifestantes considerados detenidos de forma arbitraria y pidieron al Poder Judicial que revise las actuaciones de las fuerzas federales y de seguridad porteñas durante el operativo.
Cómo siguió la situación de los detenidos
De acuerdo con las primeras informaciones, entre los 37 arrestados hay militantes de organizaciones sociales, sindicalistas y manifestantes independientes. Una parte de ellos fue liberada tras ser identificada, mientras que los 15 que continuaban detenidos enfrentan imputaciones por resistencia a la autoridad, daños y desobediencia.
Abogados de organismos y sindicatos se presentaron en las comisarías para brindar asistencia legal y recopilar testimonios sobre el accionar policial. También comenzaron a circular en redes sociales videos del operativo, que se sumarán a los elementos de la investigación.
La jornada dejó nuevamente en evidencia la fuerte polarización en torno al rumbo económico y laboral del país, y abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo, la oposición parlamentaria y las centrales obreras, que ya anticipan más medidas de fuerza si la reforma avanza.
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