El expresidente había sido denunciado por violación a los deberes de funcionario público entre otros puntos claves tras hacer negocios con un broker amigo.
Alberto Fernández fue imputado esta tarde por el fiscal Ramiro González. En la causa también se encuentran su amigo y broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. La misma es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
De acuerdo al expediente, el fiscal solicitó que Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21. En el mismo se obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios. Asimismo, solicitó incorporar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional.
Todo nace en la denuncia de la abogada Silvina Martínez que cayó en el juzgado 11, a cargo del juez federal Julián Ercolini. El fiscal del caso es Ramiro González, que subroga la fiscalía de su colega Carlos Rívolo, que está de licencia.
La práctica denunciada en la justicia federal comenzó en 2021. Fue observada y cuestionada por el extitular de la Anses Osvaldo Giordano, exfuncionario cordobés de Juan Schiaretti. Esto se debe a que antes de que asumiera Alberto Fernández, la Anses usaba autoseguros. Y a fines de 2021, el expresidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros.
Por su parte Alberto Fernández buscó despegarse de Martínez Sosa y de su mujer, María Cantero. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo. Ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así. Si fue así, se extralimitó”, aseguró Alberto Fernández. También manifestó que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado.
La denuncia dice que el artículo revela “un negocio de 20.000 millones de pesos anuales”. Así como también a “300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”. Además, la denunciante sugiere que esta práctica se replicó en otras dependencias del Estado. “Este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández”, señala.
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