La causa por maltrato infantil en un jardín de infantes de Villa Constitución sumó un nuevo capítulo judicial: el Ministerio Público de la Acusación se prepara para imputar a seis personas vinculadas al establecimiento, mientras crece la preocupación de las familias y de toda la comunidad educativa.
Según informaron fuentes judiciales, tres responsables del jardín y tres auxiliares serán llevadas a audiencia imputativa este viernes. La investigación está a cargo del fiscal Ramiro Martínez, de la Fiscalía Regional Segunda, quien impulsa la causa tras la difusión pública de los hechos.
Allanamientos y secuestro de celulares
En el marco de la pesquisa, este miércoles se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos domicilios vinculados al establecimiento educativo. En esos operativos se notificó formalmente a las personas investigadas y se procedió al secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos que serán peritados.
Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia de Villa Constitución y contaron con la participación de personal policial especializado en delitos contra la integridad de niñas y niños. El material incautado será clave para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.
Qué se investiga y cómo avanza la causa
La causa se originó a partir de denuncias de familias de niñas y niños que asisten al jardín, quienes relataron situaciones que podrían encuadrarse como maltrato físico y psicológico en el ámbito escolar. La difusión pública de esos testimonios aceleró la intervención de la fiscalía.
En la audiencia del viernes, el fiscal Martínez formalizará la imputación contra las seis personas señaladas y podría solicitar medidas cautelares, que van desde restricciones de contacto con las víctimas hasta eventuales pedidos de prisión preventiva, según la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
Mientras tanto, la investigación continúa con la toma de declaraciones a madres, padres, personal del jardín y especialistas. También se evalúa el acompañamiento psicológico para las niñas y niños involucrados, una instancia que suele articularse con equipos de salud y desarrollo social de la provincia de Santa Fe.
Preocupación en la comunidad educativa
El caso generó alarma en Villa Constitución y en toda la región, donde se multiplican los pedidos de mayor control sobre instituciones educativas y protocolos claros para denunciar cualquier forma de violencia hacia la infancia.
Organizaciones vinculadas a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes recuerdan que la Ley 26.061 establece la obligación de docentes, directivos y personal auxiliar de denunciar de inmediato cualquier sospecha de maltrato, y que el Estado debe garantizar canales ágiles de intervención.
Desde el ámbito educativo provincial suele insistirse en la importancia de que las familias registren cambios bruscos en el comportamiento de sus hijas e hijos —como temor a ir al jardín, pesadillas o regresiones en hábitos— y los comuniquen a profesionales de confianza. La detección temprana es clave para frenar situaciones de violencia.
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