La Justicia imputó formalmente a Facundo Moyano por el delito de desobediencia tras romper la prohibición de contacto hacia Candela Arizaga. Los investigadores detectaron que la pareja se reunió en un hotel céntrico mientras regía la medida restrictiva.
Las autoridades judiciales sumaron una nueva acusación contra Facundo Moyano tras detectar una posible infracción a las restricciones impuestas por la justicia. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad atribuyó al dirigente sindical el delito de desobediencia. De esta manera, los funcionarios incorporaron un acontecimiento reciente al expediente en curso para ampliar el proceso acusatorio.
El encuentro en el hotel y el incumplimiento judicial
Según los registros judiciales, el investigado mantuvo contacto con su pareja Candela Arizaga en un establecimiento cinco estrellas sobre la avenida Belgrano al 500. Las sospechas indican que ambos compartieron una habitación entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. Por consiguiente, el político quebrantó la prohibición de acercamiento que le impedía aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.
Asimismo, la justicia prohibía cualquier tipo de comunicación personal, telefónica, digital o mediante intermediarios desde el 4 de agosto. Anteriormente, la fiscalía investigaba al exdiputado por un hecho violento ocurrido en su departamento de la avenida del Libertador al 5400. En esa ocasión, las autoridades le imputaron lesiones leves agravadas por el vínculo y privación ilegítima de la libertad.
Avances del expediente y cambios en la defensa
Las cámaras del hotel y las listas de huéspedes no confirmaron la presencia de la mujer en una primera revisión. Sin embargo, los investigadores reunieron nuevos indicios para respaldar la imputación formal basada en el artículo 239 del Código Penal. Por otro lado, la denegación judicial para flexibilizar las medidas cautelares provocó modificaciones profundas en el equipo legal del acusado.
Los letrados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dimitieron a la representación del dirigente debido a discrepancias en las decisiones estratégicas. Ante este escenario, el dirigente contrató rápidamente a Alejandro Valle y Darío Saldaño como sus nuevos defensores. Igualmente, las medidas cautelares continúan plenamente vigentes mientras el imputado aguarda las decisiones correspondientes del tribunal.
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