Once agentes del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada de Rosario fueron llevados a audiencia imputativa tras su participación en la reciente protesta policial frente a la Jefatura. La causa abre un frente judicial paralelo al cierre del conflicto salarial con la Provincia.
La imputación y los cargos que se investigan
La audiencia se realizó este jueves, a pocas horas de que el conflicto entre el gobierno de Santa Fe y las fuerzas de seguridad comenzara a encauzarse. Los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina, de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional, imputaron a los once policías por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo a la investigación, los agentes habrían dejado de cumplir con sus tareas operativas mientras participaban de la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario. Ese comportamiento, para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), podría encuadrar en un abandono de funciones incompatible con su rol.
Una causa impulsada por la propia cúpula policial
La pesquisa se originó a partir de una denuncia formal presentada por la cúpula policial de la región. La conducción de la fuerza informó al MPA sobre la conducta de los efectivos que se plegaron a la protesta, lo que derivó en la intervención de la Unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional.
La audiencia imputativa se desarrolló con los once policías en libertad. Por el momento, no se dispusieron medidas cautelares de mayor intensidad, pero la causa seguirá su curso con recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y análisis de registros audiovisuales de la protesta.
Situación laboral: vuelven al servicio, pero sigue el proceso
En paralelo al avance judicial, el Ministerio de Seguridad provincial resolvió en las últimas horas dejar sin efecto los pases a disponibilidad que pesaban sobre los uniformados y autorizó su regreso a las tareas habituales.
La decisión política buscó descomprimir la tensión tras varios días de protesta y negociar un cierre al reclamo salarial y laboral de las fuerzas. Sin embargo, desde el propio Ministerio se remarca que la reincorporación funcional no implica el cierre del expediente penal, que seguirá adelante en la órbita del MPA.
De esta manera, los policías continúan activos en el servicio, pero deberán enfrentar el proceso judicial por sus actos durante la manifestación, con la posibilidad de eventuales sanciones penales o administrativas en caso de ser hallados responsables.
Un conflicto que dejó huella en la seguridad de Rosario
La protesta frente a la Jefatura fue uno de los momentos más tensos del conflicto entre la Provincia y las fuerzas de seguridad, en una ciudad ya atravesada por altos niveles de violencia y delitos complejos. Durante esos días, se redujeron patrullajes y operativos preventivos, lo que encendió alarmas en distintos sectores sociales y políticos.
El avance de causas como esta busca fijar un precedente institucional sobre los límites de la protesta dentro de fuerzas armadas y de seguridad, donde rige un régimen especial y una obligación reforzada de garantizar el servicio esencial de prevención del delito y cuidado de la población.
En las próximas semanas, la Fiscalía definirá si solicita nuevas medidas o audiencias y evaluará la elevación a juicio, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la policía santafesina y los mecanismos de control interno y externo.
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