La Casa Rosada vuelve a poner sobre la mesa la baja en la edad de imputabilidad penal como respuesta a la preocupación social por el delito, en medio de un clima de tensión política y demandas de soluciones rápidas.
Una receta conocida frente a un problema complejo
El Gobierno nacional reflotó la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal como uno de los ejes de su agenda de seguridad. La iniciativa reaparece cada cierto tiempo en la política argentina, especialmente cuando crece la preocupación social por los delitos cometidos por menores.
La discusión se instala otra vez con un esquema conocido: ofrecer respuestas simples a problemas estructurales. La inseguridad atraviesa a las grandes ciudades del país y combina factores económicos, sociales, educativos y de funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
Sin embargo, el foco vuelve a ponerse casi exclusivamente en la edad de los jóvenes que delinquen, dejando en un segundo plano debates como la prevención, la inclusión laboral, la presencia del Estado en los barrios y la persecución del delito organizado.
Qué implica bajar la edad de imputabilidad
En la Argentina rige desde 1980 el Régimen Penal de la Minoridad, que establece la imputabilidad a partir de los 16 años para delitos graves. Bajar esa edad, por ejemplo a 14 años, supondría que adolescentes más jóvenes puedan ser sometidos a procesos penales similares a los de adultos.
Especialistas en derecho penal juvenil y en niñez advierten que en la mayoría de los países donde se aplicaron medidas similares no se comprobó una reducción sostenida del delito. En cambio, sí se observó un aumento de la población joven en contextos de encierro, con escasas posibilidades de reinserción.
Organismos internacionales, como Unicef y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan priorizar sistemas de responsabilidad penal juvenil con enfoque socioeducativo, antes que respuestas puramente punitivas.
Los datos y la percepción social
Los estudios criminológicos muestran que los menores de edad representan un porcentaje reducido del total de delitos registrados. Sin embargo, su presencia en hechos violentos de alto impacto mediático alimenta la percepción de que son los principales responsables de la inseguridad.
En ese contexto, la baja de la edad de imputabilidad funciona como un mensaje político contundente: mostrar decisión y dureza frente al delito. La pregunta es si esa señal se traduce en una política pública eficaz o si termina siendo un gesto más simbólico que efectivo.
Los especialistas insisten en que la discusión debería incluir el fortalecimiento del sistema de protección de derechos, la escuela secundaria, los dispositivos de salud mental, las políticas de empleo joven y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que muchas veces reclutan a adolescentes.
Debate pendiente sobre seguridad y juventud
El desafío para el sistema político es diseñar una estrategia integral, que combine prevención, contención social y sanción proporcional para quienes cometen delitos, sin caer en soluciones de corto plazo que sólo respondan al clima del momento.
Mientras el Congreso se prepara para recibir proyectos y contrapropuestas, organizaciones sociales, académicos y sectores de la Justicia reclaman un debate amplio, con datos, evaluaciones y evidencia comparada, y no solo con consignas de campaña.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve a exponer una tensión de fondo: cómo conciliar la demanda urgente de seguridad con la obligación del Estado de proteger, educar e incluir a niñas, niños y adolescentes antes de que el delito se convierta en la única opción posible.
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