El reclamo de Ian Moche contra la diputada Lilia Lemoine volvió a encender el debate sobre los discursos de odio y la discriminación hacia las personas autistas dentro de la política argentina.
Ian Moche, el adolescente de 12 años conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas autistas, reclamó a la Cámara de Diputados que sancione o expulse a la legisladora libertaria Lilia Lemoine por sus dichos agraviantes. El pedido se conoció luego de que la diputada lo acusara de “actuar como autista” y cuestionara la salud mental de su madre, Marlene Spesso.
Las expresiones de Lemoine generaron un fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos, colectivos de la neurodiversidad y especialistas en salud mental, que advirtieron que este tipo de mensajes profundizan estigmas y habilitan formas de violencia simbólica contra niñas, niños y adolescentes.
El pedido formal de Ian y el rol del Congreso
A través de una presentación dirigida a autoridades legislativas, Ian pidió que se analice la conducta de Lemoine y que se apliquen las herramientas previstas en el reglamento de la Cámara, desde apercibimientos hasta la posible expulsión. Para el joven, no se trata solo de una ofensa personal sino de un mensaje peligroso hacia toda la comunidad autista.
En el sistema parlamentario argentino existen comisiones de disciplina y mecanismos para evaluar la conducta de diputados cuando se consideran vulnerados principios éticos, de convivencia democrática o normas antidiscriminatorias. Organizaciones de la sociedad civil reclamaron que el caso sea tratado con celeridad y transparencia.
Discriminación, discurso público y derechos
El caso reabrió la discusión sobre cómo se habla del autismo en los medios y en la política. Especialistas en neurodiversidad remarcan que expresiones como “actuar como autista” refuerzan estereotipos y desconocen que el autismo es una condición del neurodesarrollo, no un recurso para descalificar a alguien en un debate.
Argentina cuenta con normas como la Ley de Salud Mental y la Ley Antidiscriminatoria, además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional. Estas herramientas obligan al Estado a prevenir discursos estigmatizantes y a promover entornos respetuosos e inclusivos.
Desde colectivos de familias y personas autistas señalaron que los mensajes de referentes políticos tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el trato en la escuela hasta el acceso al diagnóstico, la salud y apoyos adecuados. Por eso exigen que el Congreso marque un límite claro y siente un precedente frente a expresiones que consideran discriminatorias.
Mientras tanto, Ian Moche sigue consolidándose como una de las voces jóvenes más escuchadas en defensa de los derechos de las personas autistas, y su pedido pone en el centro la responsabilidad que tienen los representantes públicos a la hora de comunicar.
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