El joven activista por los derechos de las personas autistas, Ian Moche, avanzó con un reclamo formal en el Congreso y solicitó que la Cámara de Diputados sancione o incluso expulse a la legisladora libertaria Lilia Lemoine por sus dichos públicos.
La presentación, realizada junto a su abogado, busca que el cuerpo legislativo se pronuncie ante los agravios que Ian y su familia aseguran haber recibido de parte de la diputada nacional, en el marco de la discusión pública sobre autismo y discapacidad.
El reclamo de Ian Moche ante el Congreso
Ian Moche, de amplia visibilidad en redes sociales por su militancia en favor de la concientización sobre el trastorno del espectro autista, se presentó en el Palacio Legislativo acompañado por su representante legal. Allí ingresó una nota formal dirigida a las autoridades de Diputados.
En el escrito, el menor solicita que se abra un expediente para evaluar la conducta de Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, y que se considere la aplicación de una sanción parlamentaria. En un tramo contundente, también plantea la posibilidad de su expulsión del cuerpo, una medida extrema que debe ser aprobada por mayoría especial.
El pedido se apoya en los dichos de la diputada, quien en intervenciones públicas cuestionó a la madre de Ian, a la que acusó de “no estar bien de la cabeza” y de utilizar a su hijo para que “actúe como autista”. Las expresiones generaron un fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y colectivos vinculados a la discapacidad.
Debate sobre violencia simbólica y discurso público
El planteo de Ian se inscribe en un contexto más amplio de discusión sobre los límites del discurso de figuras públicas. Especialistas en niñez y discapacidad advierten que expresiones estigmatizantes por parte de dirigentes pueden profundizar prejuicios y habilitar situaciones de discriminación cotidiana.
En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, obligan al Estado a promover un tratamiento respetuoso y libre de estigmas. Para organizaciones del sector, esto incluye un estándar de comportamiento más riguroso para quienes ocupan bancas legislativas.
La Cámara de Diputados cuenta con mecanismos internos para sancionar conductas consideradas incompatibles con la investidura, que van desde llamados de atención hasta suspensiones. La expulsión es una herramienta excepcional, aunque no inédita en la historia parlamentaria, y requiere un consenso político amplio.
Impacto en las familias y en el colectivo autista
La intervención de Ian tuvo un fuerte impacto simbólico. Diversas familias de niños y niñas dentro del espectro autista valoran que un menor tome la palabra en un ámbito institucional como el Congreso, y señalan que su caso visibiliza las violencias cotidianas que enfrentan.
En paralelo, profesionales de la salud y agrupaciones especializadas destacan la importancia de que el debate público se base en información científica rigurosa y en un lenguaje respetuoso. Advierten que minimizar o negar diagnósticos puede repercutir en la adherencia a los tratamientos y en el acceso a apoyos fundamentales.
Ahora será la Cámara baja la que deberá resolver si da curso al pedido, abre un sumario o archiva la presentación. Mientras tanto, el caso reaviva la discusión sobre cómo garantizar que el recinto legislativo sea un ámbito donde prime el respeto por los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad.
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