Los agentes penitenciarios permitieron el ingreso de otros internos al pabellón, quienes atacaron brutalmente a la víctima.
Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, ambos agentes penitenciarios, fueron imputados por el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, un interno de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero.
El crimen ocurrió el pasado 13 de enero y fue el resultado de un plan orquestado por los agentes penitenciarios y otros internos. Según la investigación, los agentes, aprovechando su posición de autoridad, facilitaron el ingreso de otros presos al pabellón donde se encontraba la víctima. Estos reos lo atacaron brutalmente con golpes y elementos punzocortantes.
Trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Provincial, donde falleció horas más tarde a causa de las graves heridas sufrida. El fiscal Patricio Saldutti afirmó que los agentes penitenciarios permitieron el ingreso de los agresores y colaboraron activamente en el ataque, abusando de su autoridad.
La prisión preventiva dispuesta por el juez Sosa busca garantizar que los acusados no entorpezcan la investigación ni evadan el juicio por los delitos imputados. Sin embargo, esto demuestra la gravedad de la situación en las cárceles y la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos.
El homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti es otro capítulo en la historia de violencia dentro de las cárceles argentinas. Este caso resalta la necesidad de una reforma del sistema penitenciario para garantizar mejores condiciones de detención y evitar hechos similares.
Es fundamental que investiguen el caso y determinen las responsabilidades de los agentes penitenciarios y los internos involucrados en el ataque. Asimismo, es necesario que tomen medidas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro, como reforzar los controles, mejorar las condiciones de detención y capacitar adecuadamente al personal penitenciario.
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