El fotógrafo Pablo Grillo decidió avanzar en la Justicia y se presentó como querellante para que se investigue quiénes ordenaron y ejecutaron el operativo de seguridad en el que terminó gravemente herido.
Imagen: Ámbito
Investigación sobre la cadena de mando
Grillo, reportero gráfico con años de cobertura de la actualidad política y social, se presentó como querellante en la causa que investiga el operativo en el que recibió heridas de gravedad. Su objetivo es que la Justicia no se limite a los ejecutores directos, sino que avance sobre la cadena de mando de Gendarmería y las máximas autoridades del área de Seguridad.
De acuerdo al planteo de la querella, el operativo habría sido desplegado en el marco de una protesta social, con una fuerte presencia de fuerzas federales. En ese contexto, Grillo terminó lesionado de manera severa, lo que derivó en internación y un prolongado proceso de recuperación.
El fotógrafo pidió que se investiguen en detalle las órdenes impartidas ese día, los protocolos aplicados, la forma en que se utilizó la fuerza y los dispositivos disuasivos, así como la actuación de los mandos medios y superiores que coordinaron el despliegue de Gendarmería.
Responsabilidades políticas y rol del Ministerio de Seguridad
La presentación también apunta al Ministerio de Seguridad, al considerar que no se trató de un hecho aislado sino de una forma de intervenir en las protestas. Grillo reclama que se analice la trazabilidad de las órdenes, desde los jefes operativos hasta las máximas autoridades políticas.
En ese sentido, la querella señala especialmente la responsabilidad política de Patricia Bullrich, al entender que la conducción del Ministerio fijó lineamientos que habrían habilitado un uso desproporcionado de la fuerza. El planteo se enmarca en un debate más amplio sobre el alcance de la represión estatal en contextos de protesta.
Organismos de derechos humanos y sindicatos de prensa vienen advirtiendo desde hace años sobre la situación de periodistas y reporteros gráficos que resultan heridos mientras cubren manifestaciones. Reclaman protocolos específicos que garanticen su integridad y el libre ejercicio de la tarea informativa.
La figura de querellante le permitirá a Grillo impulsar medidas de prueba, solicitar declaraciones testimoniales y requerir peritajes que ayuden a reconstruir cómo se desarrolló el operativo y quiénes tomaron las decisiones clave.
Libertad de prensa y uso de la fuerza
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales en contextos de movilización. Organismos internacionales como la CIDH recomiendan que los Estados adopten criterios de mínima intervención, identifiquen claramente a las autoridades responsables y protejan a comunicadores y manifestantes.
La investigación sobre la cadena de mando será clave para determinar si hubo abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o lesiones agravadas en el marco de un operativo de seguridad. También permitirá establecer si se respetaron los protocolos vigentes y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Mientras avanza la causa, el reclamo de Grillo se suma a otros expedientes abiertos en el país por hechos similares, que plantean la necesidad de revisar los modos en que el Estado interviene frente a la protesta social y cómo protege a quienes registran y difunden lo que ocurre en la calle.
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