El Gobierno de Italia ha declarado el estado de emergencia ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales, lo que permitirá acelerar los trámites burocráticos tanto para la expulsión de los indocumentados como para la acogida de quienes tengan derecho a asilo.
La declaración del estado de emergencia es un acto administrativo que permite a los gobiernos aprobar con mayor rapidez medidas de contención para hacer frente a una emergencia, tal y como se establece en los artículos 7 y 24 del Código de Protección Civil, y que puede ser aplicado localmente o en todo el territorio nacional. El estado de emergencia a nivel nacional, declarado por seis meses, puede llegar a ser de hasta 12 meses y prorrogado otros 12 solo con la aprobación del Consejo de Ministros. Después de esos dos años, tendría que pasar por el Parlamento. También puede haber estados de emergencia a nivel local o regional, que son los más habituales cuando una catástrofe o un desastre natural golpea una zona o población concretas.
La situación de emergencia en Italia se debe a un fuerte incremento de las llegadas de personas procedentes del norte de África, que ha llevado al Gobierno conservador de Giorgia Meloni a declarar el estado de emergencia. Este fenómeno se ha multiplicado en Italia en los últimos meses, hasta el punto de que la cifra de desembarcos en lo que llevamos de año es casi cuatro veces superior a la registrada en el mismo período de 2022, cuando el Gobierno estaba liderado por Mario Draghi. En la ruta del Mediterráneo central, además, han perdido la vida o desaparecido 494 personas en lo que llevamos de 2023, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El estado de emergencia permitirá dar respuestas más eficaces y rápidas en la gestión de los inmigrantes irregulares que llegan cruzando el canal de Sicilia y en su posterior distribución por todo el territorio nacional. Para esta labor se potenciará la colaboración con la Protección Civil y con la Cruz Roja. El Gobierno ha destinado, en un primer paso, 5 millones de euros del Fondo para las Emergencias Nacionales para “activar las primeras medidas urgentes”, según Ansa, pero se desconocen cuáles serán los primeros pasos que dará la coalición ultraderechista. Podría ser nombrado en breve un comisionado para implementar y supervisar las medidas que buscan poner fin a la emergencia en cuestión, y que tendría poderes extraordinarios.
Sii bien hay analistas que opinan que no ha ayudado a mejorar la situación en Italia y, en medio del repunte de las travesías del Mediterráneo, ha dificultado las actividades de salvamento en el mar, tal y como han denunciado muchas ONG, incluida MSF. Aún es pronto para conocer las repercusiones directas del nuevo decreto, que sólo establece la participación de la Protección Civil y la Cruz Roja Italiana en las actividades de gestión de la crisis, pero no menciona otras organizaciones.
El estado de emergencia es un recurso que se utiliza en situaciones críticas en las que se necesitan medidas rápidas para hacer frente a la emergencia. Sin embargo, esta medida no soluciona el problema a largo plazo. La solución está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea. El ministro de Protección Civil y Políticas del Mar, Nello Musumeci, ha afirmado que apoyó el decreto por “la gravedad” de la situación, con un aumento de los desembarcos en las costas italianas del 300%. Pero Musumeci ha declarado: “De esta forma no se soluciona el problema, la solución está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea”.
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