Están en juicio por la desaparición forzada y muerte del joven en 2014.
El fiscal federal Fernando Arrigó solicitó ayer penas a prisión perpetua para 14 de los 19 policías acusados en el juicio por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el joven bonaerense de 22 años que en octubre de 2014 estuvo preso en la comisaría 7ª de Rosario y cuyo cuerpo fue encontrado 22 días después en aguas del río Paraná.
Durante su alegato en el Tribunal Federal de Oroño al 900, el funcionario judicial dio por probados todos los hechos y la participación de los acusados, salvo uno de ellos para quien solicitó la absolución. Arrigó acusó a todos los imputados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.
Sin embargo, a cuatro de ellos —Diego José Alvarez, Cecilia Rut Elizabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco— también les imputó el delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”. Además, Arrigó cambió la calificación con la que habían sido imputados Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zórzoli, pasando de partícipes secundarios a coautores.
El fiscal también pidió condenas para los dos administrativos de la policía que forman parte de los acusados: Belkis Elizabeth González y Rodolfo Jesús Murúa, a quienes solicitó una pena de 14 años y diez meses, así como inhabilitación absoluta por ese plazo.
En cuanto a los policías de Asuntos Internos Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar, Arrigó los acusó como coautores de encubrimiento agravado, pidiendo cinco años y diez meses de condena e inhabilitación por ese lapso. Por otro lado, solicitó la absolución para Walter Daniel Ortiz, quien había sido acusado de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima.
Por el testimonio falso que brindó sobre los hechos, Daniel Crespo, vecino que dio origen a la causa, recibió un pedido de pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
En cuanto a las medidas reparatorias solicitadas por el fiscal, se pidió al Poder Ejecutivo provincial que adopte medidas para desafectar las dependencias de la comisaría 7ª, convirtiendo ese espacio en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el que se brindará acompañamiento jurídico y psicológico.
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