La Justicia investiga un femicidio en La Tablada tras confirmar que la víctima le pidió un préstamo a un preso antes de su muerte. Las autoridades detuvieron al presunto autor del ataque e imputaron a dos personas por cobros usureros.
Tres personas afrontaron imputaciones judiciales este viernes en Rosario por el salvaje femicidio de Natalia Giménez y un esquema paralelo de préstamos usureros. La fiscal Paula Barros, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acusó a Paulo A. como el presunto autor material del crimen perpetrado el sábado 26 de septiembre en el barrio Tablada. De forma simultánea, los investigadores imputaron por usura al recluso Germán C. y a su colaboradora Stella Maris P. tras comprobar cobranzas ilegales contra la víctima.
Detalles del ataque y pruebas de la investigación
El agresor ingresó a la vivienda ubicada en la avenida Abanderado Grandoli 3800 antes de las 6 de la mañana para apuñalar brutalmente a la mujer. Posteriormente, el acusado escapó a pie hacia el cruce con Presidente Quintana y huyó en bicicleta hacia su domicilio en Villa Gobernador Gálvez. Las cámaras de seguridad y los operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la calle Cervantes al 700 permitieron incautar prendas clave para la causa.
El cadáver de la víctima de 35 años presentaba lesiones severas en el rostro, el cuello y el cráneo al momento del hallazgo. Asimismo, el análisis forense determinó que la agresión ocurrió más de 36 horas antes de confirmarse el deceso del domingo 27 de septiembre. El sospechoso del homicidio continuará detenido en prisión preventiva sin plazo fijado tras la decisión del juez Federico Rébola.
La pista del prestamista en el penal
Durante un registro en la Unidad Penitenciaria 6 de la avenida Francia al 4900, las autoridades incautaron un librete con 54 deudores anotados por el recluso. La lista incluía a Natalia Giménez, quien había solicitado 400.000 pesos para luego recibir exigencias de devolución por el doble de ese capital. La fiscalía corroboró que los usureros hostigaron telefónicamente a la víctima hasta dos días antes de la agresión mortal.
Sin embargo, los funcionarios judiciales carecen aún de pruebas suficientes para vincular directamente el cobro de la deuda con la orden del crimen. De igual manera, Stella Maris P. enfrentará seis meses de prisión preventiva por gestionar los cobros abusivos fuera del establecimiento carcelario. La fiscalía mantendrá el seguimiento de las conversaciones para determinar probables complicidades operativas durante los próximos meses.