Familiares de Jeremías Monzón se reunieron con el Ministerio de Justicia para exigir que los presuntos asesinos, que son menores de edad, no queden en libertad.
El asesinato del joven Jeremías Monzón genera una profunda consternación social debido a la extrema violencia del ataque y la edad de los implicados. Durante el último encuentro oficial, las autoridades provinciales recibieron a los familiares de la víctima para brindar detalles sobre la investigación. Los parientes manifestaron su desesperación ante la posibilidad de que los sospechosos recuperen la libertad por su condición de menores.
Actualmente, la justicia señala a compañeros de escuela del adolescente como los principales responsables del homicidio ocurrido. Hasta el momento, el fiscal imputó a una joven de dieciséis años y detectó la participación de otro menor no punible. Asimismo, las fuerzas de seguridad buscan intensamente a un tercer involucrado que permanece prófugo tras los últimos allanamientos.
Según los allegados de Monzón, una de las detenidas fingió colaborar con la búsqueda inicial antes de bloquear todo contacto. Esta actitud refuerza la hipótesis sobre el carácter premeditado y macabro del crimen cometido contra el estudiante de quince años. Por otro lado, la policía halló evidencias fundamentales como prendas de vestir enterradas a pocos kilómetros del sitio del hallazgo.
Un dato escalofriante para los peritos fue el descubrimiento de una piedra marcada con la fecha exacta del fallecimiento. No obstante, los investigadores mantienen reserva sobre la supuesta existencia de registros fílmicos realizados por los mismos agresores. La familia insiste en que la inimputabilidad de los acusados constituye una injusticia insoportable para quienes sufrieron esta pérdida.
El entorno del joven fallecido solicita ahora penas efectivas que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa. Por consiguiente, el Ministerio de Seguridad evalúa medidas para contener el impacto de este suceso en el ámbito escolar regional. Finalmente, el proceso judicial busca determinar el grado de planificación de este suceso que destrozó a una familia santafesina.
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