La administración de las Islas Malvinas -bajo control británico- decidió extender por cinco años las licencias vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos offshore. Es con la posibilidad de sumar otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos. La medida cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y se conoció en medio de la creciente disputa con la Argentina por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La decisión se produjo mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza sus acciones contra las empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona. En septiembre, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y compañías y presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas para sancionar actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El anuncio también se conoció antes de la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el reclamo argentino por la soberanía de las islas forma parte de la agenda del Gobierno.
Sea Lion, el principal proyecto petrolero
Uno de los puntos centrales de la disputa es Sea Lion, un proyecto ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y desarrollado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Navitas posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Las compañías proyectan comenzar la producción en 2028. Según información difundida por Reuters, el desarrollo apunta a una producción de alrededor de 50.000 barriles diarios. Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas.
La Justicia argentina, sin embargo, tomó otra posición. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con Sea Lion. La resolución se originó en una presentación realizada por organizaciones ambientalistas y excombatientes de Malvinas, que plantearon posibles daños ambientales y cuestiones relacionadas con la soberanía.
La aplicación de esa medida fuera de la jurisdicción argentina presenta dificultades. La administración británica y las empresas involucradas sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas.
Nuevas operaciones y el reclamo argentino
Además de extender las licencias, las autoridades de las Malvinas aprobaron que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del área PL001, un bloque petrolero ubicado junto al proyecto Sea Lion. El 35% restante quedará en manos de JHI Associates. La operación había sido acordada previamente y, según las autoridades isleñas, permitirá acelerar la evaluación y el desarrollo del área.
En la zona también cuentan con licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum, además de la canadiense JHI Associates.
Del lado argentino, el Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional violan la legislación vigente. En septiembre, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas y luego sumó otros 15 involucrados. También presentó denuncias penales contra compañías vinculadas con la exploración en la Cuenca Malvinas Norte.
El Reino Unido, por su parte, respalda las actividades económicas desarrolladas por las autoridades de las islas y rechaza que la Argentina tenga jurisdicción sobre las operaciones. De esta manera, la extensión de las licencias petroleras agrega un nuevo capítulo a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
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