Países que utilizan la Hidrovía Paraguay-Paraná exigen que el Gobierno argentino definiciones urgentes sobre la seguridad del canal.
Países que utilizan la Hidrovía Paraguay-Panamá le exigen al Gobierno nacional definiciones en lo que respecta a la seguridad del canal. Pretenden que gestionen la señalización y dragado del canal, el cual hace tres años que espera que Argentina avance con las licitaciones para la nueva concesión.
Asimismo, también pretenden volver a discutir el peaje que Argentina implementó unilateralmente y del cual aceptaron pagar el 70% de manera provisoria. Esto hasta discutir un precio acorde al servicio que presta el país en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia“.
Finalmente, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) -conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, mencionó la intención de proponer que se permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real mediante una plataforma digital. Esto facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fe y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay.
Las pretensiones de la CPTCP
La intención de la Comisión es acordar con autoridades argentinas la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios de seguridad, así como eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial. Además, esto generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema.
Desde la CPTCP indicaron a través de un comunicado que están dispuestos a dar “toda la información técnica necesaria para contribuir a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
Sobre el conflicto
En julio del año 2021, mediante el decreto 427/2021, el entonces presidente Alberto Fernández le otorgó a la Administración General de Puertos (AGP) la administración de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná durante doce meses. Dentro de ese lapso debía avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal.
No obstante, ya pasaron tres años y no ha habido ningún avance concreto sobre el proceso de licitación.
Otro tema pendiente es la resolución del conflicto que se generó en el ámbito del Mercosur el año pasado. Es que Argentina implementó de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia“. Los usuarios del canal -en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía-, manifestaron la intención de abonar el peaje, pero con un costo que tenga relación con el servicio prestado.
Como muestra de esto, los usuarios propusieron pagar hasta el 70% de los fondos que prestados, en función de un mecanismo de pago a pruebas de errores, sin que esto signifique aceptar las obras realizadas como un servicio eficiente, sino como un acuerdo provisorio. Vale destacar que esta propuesta debe refrendarse en el Comité para que sea aceptada.
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