La nueva ley aprobada en Israel, que habilita la pena de muerte para palestinos acusados de matar israelíes en Cisjordania, encendió fuertes críticas en Europa y en organismos internacionales, que la consideran una norma abiertamente discriminatoria.
La decisión de la Knesset, el Parlamento israelí, de avanzar con una ley que permite imponer la pena capital de forma casi automática a palestinos de Cisjordania acusados de matar israelíes, profundizó el aislamiento político del gobierno de Benjamín Netanyahu frente a buena parte de la comunidad internacional.
Organismos de la ONU y gobiernos europeos cuestionaron que Israel haya ignorado las advertencias previas y describieron la medida como un grave retroceso en materia de derechos humanos. La norma es señalada, además, por su carácter discriminatorio, ya que se dirige específicamente contra la población palestina de los territorios ocupados.
Críticas desde Bruselas y principales capitales europeas
Desde Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea, portavoces comunitarios lamentaron el “gran paso atrás” que supone la iniciativa y recordaron que la UE había pedido de manera expresa al gobierno de Benjamín Netanyahu que frenara el proyecto. En la misma línea se pronunciaron capitales como Madrid y Berlín, que reclamaron respeto a los estándares internacionales.
La ley es vista en Europa como un “paso más hacia el apartheid”, según las palabras del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Las críticas apuntan no sólo al uso de la pena de muerte, rechazada por la UE en cualquier circunstancia, sino también a la diferencia de trato entre palestinos y ciudadanos israelíes.
Un portavoz de la Comisión Europea recordó que la opción de revisar el acuerdo de asociación UE-Israel “sigue sobre la mesa”. Ese pacto regula buena parte de los intercambios comerciales y políticos entre Bruselas y Tel Aviv, y su eventual suspensión sería una señal de fuerte presión diplomática.
Debate por discriminación y derecho internacional
Los organismos de derechos humanos advierten que la ley abre la puerta a condenas a muerte aplicadas de forma selectiva a palestinos, en un contexto ya marcado por la ocupación de Cisjordania y por acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Para expertos en derecho internacional, esto choca de frente con los compromisos asumidos por Israel en materia de protección de la vida y de garantías judiciales.
Además, remarcan que la pena capital es incompatible con la tendencia global, donde cada vez más países la han eliminado de su legislación o mantienen una moratoria. La norma israelí se convierte así en un foco adicional de conflicto diplomático con socios que tradicionalmente actuaron como aliados.
Por ahora, en Europa no se anticipan medidas concretas e inmediatas, más allá de las condenas públicas y las advertencias formales. Sin embargo, la mención explícita a la posible suspensión de partes del acuerdo de asociación muestra que la relación con Israel puede entrar en una fase de mayor tensión política y económica si el gobierno de Benjamín Netanyahu persiste con este rumbo.
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