Anticipándose al “caos” que se avecina, el Gobierno desplegó 24.000 agentes en la frontera para acelerar la atención a los migrantes.
El gobierno del presidente Joe Biden ha promulgado una nueva norma migratoria en la frontera de Estados Unidos con México, con restricciones que empezarán a regir cuando el jueves se levante la norma sanitaria que permitía expulsar a casi todos los migrantes sin papeles. Esta nueva norma limita el acceso al asilo en la frontera y entrará en vigor el jueves a las 23:59, cuando expire el Título 42, una norma activada durante la pandemia que permite expulsar automáticamente a casi todos los que llegan al país sin visa o documentación necesaria para entrar.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que “aquellos que no usan vías legales para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo”. Esta nueva norma es una respuesta del gobierno de Biden anticipándose al “caos” que se avecina cuando se suspenda la norma sanitaria. La situación en la frontera es delicada y el gobierno espera “grandes cifras” de arrestos de migrantes irregulares en su frontera con México.
Para hacerle frente al desafío que se avecina con la suspensión del Título 42, Washington cuenta con 24.000 agentes de seguridad en la frontera junto con otros 1.100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza. Además, contará con cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y mil personas encargadas de las llamadas entrevistas “de miedo creíble”, que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si vuelve a su país.
La administración Biden intenta convencer a los migrantes de recurrir a “vías legales”, como pedir cita a través de la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo en un puerto de entrada, recurrir a un permiso de reunificación familiar o acogerse a un programa que autoriza entrar a 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
Es importante destacar que varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, criticaron duramente la norma cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos definiéndola como una “violación de los derechos humanos y de la ley internacional”. Además, el presidente Biden estima que es el único medio para lidiar con la migración, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.
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