Espert aclara que el ajuste a las provincias será menor a lo anunciado por Milei

Espert corrigió que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias, según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, será de US$ 20.000 millones y no US$ 60.000 millones como dijo Milei.

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El diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, precisó que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias, según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, ascenderá a US$ 20.000 millones, corrigiendo la cifra de US$ 60.000 millones mencionada previamente por el presidente Javier Milei. En una entrevista radial, Espert explicó que el gasto público total del país, que incluye a la Nación, las provincias y los municipios, representa el 33% del Producto Bruto Interno (PBI), estimado en US$ 600.000 millones.

Las cuentas

Según Espert, el 14% del PBI, equivalente a US$ 64.000 millones, corresponde al gasto provincial, y es de ahí de donde las provincias deberán realizar el ajuste propuesto, que finalmente será de US$ 20.000 millones. “Tiene que venir un gran ajuste en el empleo público de las provincias y municipios”, enfatizó, advirtiendo que sin esa colaboración será imposible reducir el gasto público al 25% del PBI, como plantea el gobierno.

El legislador también ratificó que la devaluación mensual del 2% se mantendrá hasta fines de 2025. Respecto del cepo cambiario, señaló que la estrategia del gobierno es reducirlo de manera progresiva, eliminando trabas “de forma gradual” como se vino haciendo hasta ahora.

Por otro lado, destacó que el crecimiento económico proyectado en un 5% para el próximo año permitirá acumular reservas en el Banco Central, lo que facilitará el desmantelamiento gradual del cepo sin generar sobresaltos en el tipo de cambio. Además, aseguró que desde el Gobierno se trabaja para que las reservas sean suficientes para evitar cualquier inestabilidad en las variables macroeconómicas.

Finalmente, adelantó que el gobierno continuará ejecutando el presupuesto a través de resoluciones del Ministerio de Economía, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y decretos, en caso de no lograr consensos con la oposición.

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