El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que redefine la protección de glaciares, refuerza el rol provincial y busca reducir la incertidumbre jurídica.
El Gobierno nacional remitió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares durante las sesiones extraordinarias vigentes hasta fines de diciembre. Además, comunicó la decisión mediante canales oficiales, con énfasis en la necesidad de revisar el marco normativo actual.
Según el Poder Ejecutivo, la propuesta busca ordenar reglas, reducir interpretaciones arbitrarias y fortalecer un federalismo ambiental coherente con la Constitución. Asimismo, sostuvo que la ley vigente generó inseguridad jurídica, frenó inversiones productivas y debilitó competencias provinciales sobre recursos naturales estratégicos.
En consecuencia, la iniciativa introduce criterios precisos para resguardar glaciares con función hídrica efectiva y reforzar estándares ambientales existentes. Al mismo tiempo, elimina márgenes de discrecionalidad que, según el Gobierno, afectaron el desarrollo económico bajo argumentos ideológicos persistentes.
Por otra parte, el proyecto reafirma principios constitucionales clave, especialmente la protección ambiental compatible con el progreso humano y el dominio provincial de los recursos. En ese marco, impulsa un mayor protagonismo de las provincias en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo capacidades técnicas y científicas locales.
Además, la propuesta promueve una coordinación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de mejorar decisiones regulatorias. Así, el Ejecutivo presenta la reforma como una actualización integral orientada a equilibrar protección ambiental y aprovechamiento responsable.
Desde esa perspectiva, el Gobierno calificó la iniciativa como una reforma estructural del federalismo ambiental y la vinculó con compromisos del Pacto de Mayo. Igualmente, destacó reclamos históricos de provincias mineras, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, interesadas en un modelo sostenible.
Finalmente, el Ejecutivo solicitó un tratamiento legislativo ágil y afirmó que la reforma permitirá reducir la incertidumbre normativa acumulada durante más de una década. Por lo tanto, planteó la propuesta como un paso decisivo para ordenar reglas y potenciar el desarrollo provincial.
