El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la ley penal juvenil mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La normativa baja la punibilidad a los catorce años e instrumenta un abanico de sanciones graduales que priorizan la resocialización.

El Gobierno nacional oficializó este lunes en el Boletín Oficial la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa aprobada por el Decreto 875/2026 comenzó a regir desde este sábado para adolescentes de entre 14 y 17 años inclusive. Por su parte, el Ministerio de Justicia actuará como autoridad de aplicación nacional mientras coordina acciones con las provincias mediante una Mesa Federal.
Alternativas de sanción y privación de la libertad
La legislación establece penas graduales para promover la integración social mediante el control del Ministerio Público de la Acusación. Entre las sanciones figuran amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de circulación y reparaciones económicas. Igualmente, las condenas pueden contemplar medidas de capacitación laboral, actividades deportivas, formación ciudadana y tratamientos de atención médica o psicológica.
Cuando el tribunal decida el encierro, el régimen contempla tres modalidades específicas de cumplimiento. Estas opciones incluyen la detención domiciliaria, la permanencia en un instituto abierto o el alojamiento en un centro especializado. Asimismo, la ley prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un límite máximo de 15 años para las condenas.
Roles técnicos, apoyo a víctimas y contexto santafesino
La reglamentación creó además el registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil para acompañar profesionalmente a los jóvenes imputados. Paralelamente, los organismos oficiales deberán garantizar la contención de las víctimas a través de asistencia psicológica y patrocinio jurídico gratuito. De este modo, las autoridades buscan resguardar los derechos de todas las partes involucradas en cada proceso judicial.
En Santa Fe, el régimen nacional complementará el trabajo del Código Procesal Penal Juvenil provincial vigente desde el año pasado. Sobre este escenario, el fiscal Luis Schiappa Pietra advirtió sobre la presencia recurrente de menores de edad en estructuras delictivas de Rosario. Finalmente, el funcionario instó a no considerar la baja de imputabilidad como la única herramienta para combatir el crimen organizado.




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