A pesar de las múltiples presentaciones de organizaciones sociales y sindicales, constitucionalistas y ciudadanos particulares que llegaron a la Justicia pidiendo frenarlo.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica, entra en vigencia hoy viernes sin que la Justicia haya evaluado los numerosos reclamos de medidas cautelares que lo suspendan.
Se presentaron al menos 25 amparos por parte de organizaciones sociales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires; sumado a los dos de la CGT y la CTA ante la Justicia del Trabajo.
El DNU, firmado por Milei e integrantes del gabinete nacional, fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 21 de diciembre. Por ley, debe entrar en vigencia hoy viernes, ocho días después de anunciado, a menos que haya una medida cautelar judicial.
Las diferentes reacciones
Esteban Furnari, juez en lo Contencioso Administrativo Federal, rechazó poner una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso del Observatorio del Derecho a la Ciudad porque “al día de la fecha, las disposiciones no han entrado en vigencia”.
La CGT apeló la decisión del juez Ignacio Ramonet, quien desestimó la cautelar que atendía al capítulo IV del decreto, sobre la reforma laboral. Desde la central obrera aseguran que “se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos“.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar contra el DNU por “alterar reglas constitucionales, violar división de poderes y suprimir derechos”.
La UNR se pronuncia
El consejo superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado en repudio unánime al DNU y al proyecto de ley ómnibus. Los tildan de “entreguista y antipopular”.
Enzo Balbuena, consejero superior de la UNR y miembro de la secretaría general de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), enfatizó “lo peligroso que es avasallar las funciones del Congreso”.
