Se trata de Brenda Pared, pareja de Chucky Monedita, quien se encuentra detenida por los crímenes de los trabajadores en el mes de marzo.
Un nuevo hecho de gravedad sacude al sistema penitenciario provincial. Trece agentes del Servicio Penitenciario fueron apartadas de sus funciones y se encuentran bajo investigación luego de que se hallara un dispositivo electrónico en la celda de la interna Brenda Pared, alojada en el Complejo Penitenciario Rosario (CPR).
El hallazgo del dispositivo, cuya naturaleza exacta aún no ha sido revelada oficialmente, generó una inmediata alerta en las autoridades penitenciarias y judiciales. Ante la sospecha de que las agentes podrían haber facilitado el ingreso del objeto prohibido, se procedió a su desafectación temporal y se inició un sumario administrativo.
La Secretaría de Asuntos Penales, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó que las autoridades pusieron a las agentes en disponibilidad mientras realizan las investigaciones correspondientes.
Paralelamente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha tomado intervención en el caso y se encuentra trabajando en la formación de causa para determinar las responsabilidades penales.
Interrogantes sin respuesta
Este nuevo episodio plantea una serie de interrogantes sobre la seguridad dentro de las unidades penitenciarias y la efectividad de los controles realizados. ¿Cómo ingresó el dispositivo electrónico a la celda de la interna? ¿Quiénes más podrían estar involucrados en este hecho? ¿Qué tipo de dispositivo se trata y cuál era su propósito? Son algunas de las preguntas que buscan respuesta las autoridades y la opinión pública.
El contrabando de objetos prohibidos dentro de las cárceles es un problema recurrente que pone en riesgo la seguridad de los internos, del personal penitenciario y de la sociedad en general. Estos dispositivos pueden facilitar la comunicación con el exterior, planificar fugas o incluso permitir que los reclusos cometan delitos desde dentro de la cárcel.
Demanda de mayor transparencia
Organizaciones de derechos humanos y referentes en materia penitenciaria han manifestado su preocupación por este nuevo caso y han exigido una investigación exhaustiva y transparente. Asimismo, han solicitado que se adopten medidas urgentes para reforzar los controles en las unidades penitenciarias y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
En este sentido, resulta fundamental que las autoridades penitenciarias y judiciales trabajen en conjunto para desarticular las redes de contrabando que operan dentro de las cárceles y sancionar a todos los responsables, sin distinción de jerarquías.
La sociedad espera que se esclarezcan los hechos y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
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