El Senado convirtió en ley la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en una sesión marcada por una votación abrumadora y el seguimiento atento del Gobierno nacional desde los palcos.
Con 69 votos a favor y apenas 3 en contra de los kirchneristas Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López, la Cámara alta avaló el acuerdo estratégico entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, que llevaba más de dos décadas de negociaciones. El oficialismo impulsó un tratamiento acelerado, en un contexto de presión internacional para mostrar avances concretos en materia de integración y apertura comercial.
Durante la sesión, el canciller Pablo Quirno siguió el debate desde los palcos, reflejando la importancia que el Gobierno le asigna a este entendimiento. La aprobación legislativa se leyó como un gesto político hacia Bruselas y hacia los socios regionales, en medio de tensiones internas sobre el alcance del pacto.
Uruguay se adelantó y marcó el rumbo regional
Si bien Argentina logró avanzar con la ratificación, Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo. El gobierno de Montevideo venía reclamando desde hace años acelerar la vinculación comercial con la Unión Europea y mostró una estrategia más agresiva en materia de apertura económica.
El movimiento uruguayo presionó al resto de los socios del Mercosur, en especial a Brasil y Argentina, que enfrentan debates internos sobre el impacto del acuerdo en su tejido productivo. Sectores industriales y agroexportadores mantienen posiciones encontradas: mientras unos ven oportunidades de nuevos mercados, otros alertan por la competencia europea.
¿Qué implica el acuerdo Mercosur-Unión Europea?
El pacto Mercosur-UE es un acuerdo birregional de libre comercio y cooperación política que abarca a casi 800 millones de habitantes. Incluye reducción gradual de aranceles, reglas para inversiones y cláusulas vinculadas a normas ambientales, compras públicas y estándares sanitarios.
Para la Argentina, el convenio abre la posibilidad de ganar competitividad en productos agroindustriales y economías regionales, aunque también despierta preocupación en ramas como la industria automotriz, química y metalúrgica, que reclaman protecciones y períodos de adaptación para enfrentar la competencia.
La aprobación en el Senado representa un paso clave, pero el acuerdo todavía debe superar instancias en los parlamentos europeos, donde existen cuestionamientos vinculados al cumplimiento de compromisos ambientales y al impacto sobre productores locales.
En el escenario político interno, la votación reflejó un amplio consenso entre oficialismo y buena parte de la oposición, que coincidieron en la necesidad de reinsertar a la Argentina en el comercio global, aunque con matices sobre cómo acompañar a los sectores más expuestos.
Claves políticas de la votación en la Cámara alta
La amplia mayoría obtenida funcionó como un respaldo político para la Cancillería, que busca mostrar señales de previsibilidad ante inversionistas y organismos internacionales. Al mismo tiempo, dejó expuesta la posición de las bancadas que se opusieron, principalmente por temores al impacto social y laboral en economías más frágiles.
En el Gobierno consideran que la ratificación puede ser utilizada como argumento en futuras negociaciones con otros bloques comerciales, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o eventuales acuerdos bilaterales con países asiáticos.
Con este paso, el oficialismo apuesta a consolidar una agenda de integración económica y reformas estructurales, en un contexto interno marcado por la recesión, la caída del consumo y el debate sobre el rol del Estado en la economía.
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