La iniciativa busca bajar la imputabilidad y establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil, debido al aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa incluye la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que se aplicará a los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, con una pena máxima de 20 años y la prohibición de la reclusión perpetua.
El oficialismo fundamenta esta decisión en la necesidad de actuar frente a la impunidad que enfrentan los delitos cometidos por menores de 16 años, argumentando que “esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”. A su juicio, es fundamental que el sistema legal asegure que quienes cometen delitos sean responsabilizados por sus acciones.
Tratamiento
El proyecto está firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona. Ahora deberá ser analizado por las comisiones de Legislación Penal y Justicia, encabezadas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Sin embargo, se prevé que su tratamiento no será sencillo, ya que el tema genera controversia dentro del Congreso.
Detalles del proyecto
La propuesta establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes de 13 a 18 años que sean imputadas por delitos tipificados en el Código Penal. La normativa también establece que no se impondrá la pena de reclusión perpetua a los menores, siendo la pena máxima de 20 años. En caso de que haya concurrencia real de varios hechos delictivos, podría ser mayor.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina” y que su abordaje requiere “una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente para que logre una futura integración social”.
Asimismo, el Gobierno señala que la actual Ley N° 22.278, vigente desde 1980, “no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional”, en relación con los menores que infringen la ley penal. Por ello, consideran “indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore estos principios, adecuada a nuestra realidad social”.
El oficialismo sostiene que desde la sanción de la ley penal juvenil, “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios”. Esto, según argumentan, requiere una reforma legislativa que se ajuste a la situación actual de los adolescentes, muchos de los cuales están vinculados a bandas criminales, así como a las necesidades de la sociedad.
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