El gobierno británico volvió a quedar bajo la lupa por el escándalo Epstein: el primer ministro instó al ex príncipe Andrés a presentarse ante el Congreso de Estados Unidos y responder por sus presuntos vínculos con el financista fallecido.

La presión política sobre Andrés Mountbatten-Windsor, duque de York, volvió a incrementarse después de que el primer ministro del Reino Unido lo instara públicamente a declarar ante el Congreso estadounidense sobre su relación con Jeffrey Epstein. El pedido llega en un contexto de renovado escrutinio global sobre la trama de abusos y trata de personas que rodeó al financista.
Andrés fue despojado de sus títulos militares y de sus funciones públicas en octubre por decisión de su hermano, el rey Carlos III, tras el avance de las investigaciones y las crecientes dudas sobre la naturaleza de sus vínculos con Epstein. Desde entonces, se mantiene apartado de la agenda oficial de la Casa Real.
Un giro político en un escándalo que no se cierra
Con el llamado del primer ministro, el caso adquiere un perfil abiertamente político e institucional. El gobierno busca despejar sospechas de encubrimiento y mostrar colaboración plena con la justicia y con las autoridades legislativas de Estados Unidos, donde proliferan pedidos de mayor transparencia sobre la red de contactos de Epstein.
De concretarse la comparecencia, Andrés debería responder preguntas sobre viajes, reuniones y contactos en común con el financista, así como sobre denuncias de víctimas que lo señalaron ante la justicia norteamericana. Hasta ahora, el duque de York se defendió sosteniendo que no cometió delitos y que desconocía los crímenes por los que fue investigado Epstein.
Impacto en la monarquía y en la opinión pública
El caso es uno de los episodios más incómodos para la monarquía británica en las últimas décadas. Las encuestas en el Reino Unido vienen mostrando un creciente desgaste de la imagen institucional, especialmente entre los más jóvenes, que reclaman estándares de transparencia similares a los exigidos a cualquier funcionario público.
Analistas coinciden en que una eventual declaración ante el Congreso de Estados Unidos podría tener dos efectos contrapuestos: por un lado, aportar claridad sobre el rol del ex príncipe; por otro, reabrir capítulos sensibles del escándalo que la Casa Real preferiría dejar atrás. En cualquier escenario, la presión internacional para que Andrés colabore con la justicia parece difícil de revertir.
Mientras tanto, el gobierno británico intenta marcar distancia y dejar en claro que no intervendrá para proteger a ningún integrante de la familia real frente a requerimientos de tribunales o comisiones legislativas extranjeras. La resolución de este capítulo seguirá de cerca tanto en Londres como en Washington.




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