La magistrada Elida Vidal ordenó que el juez Salmain vaya a juicio penal por abuso de autoridad al intentar conseguir información sobre un procedimiento en su domicilio. El magistrado suspendido enfrenta además un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura.
La jueza Elida Vidal desestimó el pedido de sobreseimiento del juez federal Gastón Salmain durante una audiencia realizada en Rosario. Como consecuencia de esta decisión judicial, el magistrado suspendido afrontará un debate oral por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La acusación sostiene que el funcionario firmó dos oficios el 21 de octubre de 2025 para obtener datos sobre una causa penal propia.
Detalles de las comunicaciones y pretensión fiscal
El imputado envió los escritos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Mediante estas gestiones, el acusado buscó conocer detalles sobre un procedimiento concretado en su domicilio cuatro días antes. Integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitarán dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los abogados defensores Ignacio Carbone y Gustavo Feldman cuestionaron la calificación legal presentada y exigieron el sobreseimiento del investigado. Sin embargo, la magistrada Elida Vidal rechazó la postura defensiva por considerar fundados los argumentos de la acusación. Las partes deberán presentar las pruebas correspondientes en una próxima jornada de control.
Proceso de destitución y otras imputaciones penales
Actualmente, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario permanece suspendido mientras el Consejo de la Magistratura tramita su remoción. En otro expediente paralelo, la Fiscalía lo acusa de asociación ilícita, prevaricato y cobro de sobornos. En esa causa, los investigadores atribuyen al funcionario haber exigido 100.000 dólares a Carlos Vaudagna, exjefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Por su parte, la Comisión de Acusación avanzó en mayo de 2026 con el trámite de destitución del magistrado. El organismo disciplinario señaló la omisión deliberada de una cesantía sufrida en el Poder Judicial en 2002. Asimismo, el dictamen acusatorio emitido en octubre sumó cuestionamientos por presuntas coimas vinculadas con operaciones del mercado cambiario.