El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dispuso una actualización de las multas que se aplican a personas y empresas que no cumplen con la obligación de aportar datos en las encuestas y relevamientos oficiales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dispuso una actualización de las multas que se aplican a personas y empresas que no cumplen con la obligación de aportar datos en las encuestas y relevamientos oficiales. Los nuevos valores contemplan el impacto de la inflación mayorista y elevan de manera significativa los montos máximos de las sanciones.
Según la resolución del organismo estadístico, las sanciones económicas por no brindar información requerida en censos, encuestas o formularios oficiales se ajustaron en función de la inflación mayorista. Con el nuevo esquema, las multas parten de $16.639 y pueden superar los $1,6 millón en los casos más graves.
El INDEC recordó que la entrega de datos es obligatoria tanto para personas físicas como para empresas e instituciones alcanzadas por sus relevamientos. La normativa establece que la información recabada se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y se mantiene bajo secreto estadístico, lo que implica que no puede ser individualizada ni compartida con otros organismos para controles o sanciones ajenas.
El endurecimiento de las multas busca reforzar el nivel de respuesta en los distintos operativos que realiza el organismo, en un contexto en el que la alta inflación obligó a actualizar todos los parámetros monetarios del sistema estadístico. De esta manera, se intenta evitar que las sanciones pierdan efecto disuasorio frente al avance de los precios.
Quiénes pueden ser sancionados y cómo se calculan las multas
Las penalidades alcanzan a quienes se nieguen a responder, aporten datos falsos o incompletos, o incumplan de manera reiterada los requerimientos del INDEC. El monto final de cada multa se define según la gravedad de la falta, el tipo de informante y la cantidad de intimaciones previas.
En el caso de grandes empresas o entidades con fuerte peso económico, las sanciones tienden a ubicarse en los tramos más altos de la escala, ya que la información que brindan tiene un impacto central en la construcción de los indicadores oficiales. Para hogares y pequeños contribuyentes, el organismo suele aplicar montos menores, aunque las cifras también se actualizaron con el nuevo esquema.
La resolución precisa que los nuevos valores se ajustan en línea con la variación registrada por los precios mayoristas, un índice que el propio INDEC difunde todos los meses. Esto permite mantener la referencia de las multas en términos reales, evitando que queden desactualizadas frente a los cambios en la economía.
El organismo recordó que la calidad de las estadísticas oficiales depende en gran medida del nivel de respuesta de la población y de las empresas. La información recolectada se utiliza para medir la inflación, la evolución de la actividad económica, el empleo, el consumo y otras variables que sirven de base para el diseño de políticas públicas y decisiones privadas.
Cuando los informantes no responden o lo hacen de forma parcial, se genera un sesgo que puede afectar la precisión de los resultados. Por eso, el INDEC insiste en que la participación es una responsabilidad legal, pero también una herramienta para mejorar el diagnóstico sobre la situación económica y social del país.
En esa línea, el organismo sostiene que el secreto estadístico garantiza la confidencialidad de los datos individuales, al tiempo que las sanciones actualizadas apuntan a desalentar el incumplimiento y asegurar que los relevamientos mantengan estándares adecuados de cobertura.
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