El presidente Milei vetó la ley de emergencia pediátrica y devolvió el proyecto al Congreso, generando un nuevo debate sobre su financiamiento.
El presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, aprobada el 22 de agosto con amplia mayoría en el Senado. El decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial, devolvió el proyecto al Congreso para un nuevo tratamiento.
La norma proponía mejoras salariales, asignación prioritaria de insumos y un refuerzo presupuestario durante un año. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que carecía de financiamiento genuino y que presentaba una redacción ambigua que fomentaba la arbitrariedad. También señaló que la iniciativa “profundiza distorsiones salariales y compromete programas esenciales”, al colocar al personal pediátrico por encima de otros trabajadores del sistema de salud.
Según la Casa Rosada, la aplicación de la ley hubiera generado un fuerte impacto en las cuentas nacionales y provinciales. Además, la exención de ganancias para el sector implicaba resignar más de 115 mil millones de pesos para el Tesoro. El Ejecutivo cuestionó que ese gasto se financiara con recursos actuales del Ministerio de Salud, lo que, a su entender, ponía en riesgo programas prioritarios.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo inicial de 65.573 millones de pesos, cifra que el Gobierno consideró inasumible en el contexto actual. Desde el círculo presidencial insistieron en que “no hay plata” y que cualquier medida que aumente el déficit debe rechazarse.
Este veto se suma a la reciente anulación de la Ley de Financiamiento Universitario y podría extenderse a la reforma sobre los Aportes del Tesoro Nacional, anticipando tensiones con los gobernadores. Con este escenario, el Congreso deberá decidir si insiste con las leyes o convalida la postura oficial de preservar el equilibrio fiscal.
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