El Poder Ejecutivo avanzó con la implementación de la Ley Bases. La próxima semana se espera la entrada en vigencia del RIGI.
El Gobierno reglamentó la parte inicial de la Ley Bases con el decreto 695. El Presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, pusieron en marcha el capítulo de Reforma del Estado. Esta normativa abarca la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.
El decreto se publicó a medianoche en el Boletín Oficial, dando forma a un primer bloque de artículos que componen la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
“Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI, pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado”, adelantó el jefe de Gabinete Guillermo Francos en declaraciones radiales.
Detalles de la primera etapa
La reglamentación del Título II, denominado “Reforma del Estado”, establece el alcance de la reorganización administrativa para modificar el funcionamiento estatal, buscando una gestión pública más transparente, ágil y eficiente. Además, pretende reducir la estructura estatal para disminuir el déficit y asegurar el control interno.
La normativa permite la modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades que se consideren innecesarias. Esto incluye la fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia de organismos dependientes del Poder Ejecutivo o entes descentralizados. Sin embargo, exceptúa a entidades como el CONICET, el INTA, la CONAE, la CNV, la UIF, el Senasa, el CENARD, el INTA y el INTI, entre otros.
Privatizaciones
El decreto cuenta con un anexo que detalla el alcance de la normativa en relación con las privatizaciones totales o parciales de Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Finalmente, la reglamentación introduce un nuevo esquema regulatorio para el empleo público. Según el artículo 52 del Capítulo IV, se modifica el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco). Esta disposición establece que el personal afectado por las medidas de reestructuración quedará en situación de disponibilidad por un máximo de doce meses. Durante este periodo, los trabajadores recibirán capacitación o desempeñarán tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este plazo no formalizaron una nueva relación laboral, serán desvinculados de la Administración Pública nacional, aunque tendrán derecho a una indemnización.
Lo que falta
Queda pendiente la reglamentación de las delegaciones de facultades. Estas declaran la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delega en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas en la ley.
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