El Poder Ejecutivo salió a capitalizar la amplia aprobación en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de punibilidad a 14 años, y ya apunta al Senado para que avance con un tratamiento rápido del proyecto.
El oficialismo celebra y pide urgencia
Tras la votación en la Cámara baja, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que destacó la “amplia victoria” del proyecto de Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija un marco específico para el juzgamiento de delitos cometidos por menores.
El Gobierno presentó la media sanción como un paso clave para “terminar con la impunidad” en hechos delictivos protagonizados por adolescentes. En ese sentido, reclamó al Senado de la Nación que trate la reforma con “urgencia” para convertirla en ley durante este período de sesiones ordinarias.
Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil
El texto aprobado en Diputados establece un sistema penal específico para jóvenes de 14 a 18 años. De acuerdo con los borradores difundidos por el oficialismo, se prevé un catálogo de delitos alcanzados, escalas de penas diferenciadas y la obligatoriedad de medidas socioeducativas complementarias a la prisión.
La reforma se inscribe en un debate de larga data en la Argentina: el actual régimen, heredado de la última dictadura, fue cuestionado por organismos de derechos humanos y por la propia Justicia por su falta de adecuación a los estándares internacionales de protección de la niñez. Distintos gobiernos intentaron actualizarlo, pero los proyectos nunca lograron avanzar.
Entre los argumentos oficiales figura la necesidad de contar con herramientas legales claras frente al aumento de delitos violentos en los que intervienen menores. Críticos de la iniciativa, en cambio, advierten que la sola baja de la edad de punibilidad no resolverá el problema de fondo y reclaman mayor inversión en políticas de inclusión educativa y laboral.
Debate político y próximos pasos en el Congreso
La media sanción se logró con el acompañamiento de bloques dialoguistas y sectores de la oposición tradicional, mientras que algunos espacios de izquierda y legisladores vinculados a organizaciones de derechos humanos votaron en contra o se abstuvieron. El oficialismo resaltó que el respaldo alcanzado en Diputados refleja un “consenso amplio” sobre la necesidad de actualizar la legislación.
Ahora, el foco está puesto en la Cámara alta. El Gobierno busca que el proyecto sea girado con rapidez a las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, con la intención de lograr dictamen y llegar al recinto antes de fin de mes. En paralelo, ya se anuncian audiencias públicas y presentaciones de especialistas a favor y en contra de la reforma.
Organismos de derechos humanos, colegios de abogados y asociaciones de magistrados anticiparon que plantearán reparos técnicos y constitucionales. Otros sectores, sobre todo ligados a gobiernos provinciales y al sistema penal, reclaman una implementación gradual y recursos para servicios de niñez, defensorías oficiales y sistemas de acompañamiento pospenitenciario.
Mientras el oficialismo refuerza el mensaje de lucha contra la inseguridad, el debate de fondo atraviesa el modelo de justicia juvenil que la Argentina necesita: uno que combine responsabilidad penal con garantías procesales y políticas de prevención que reduzcan las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran miles de adolescentes en todo el país.
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