Entre los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso en diciembre, el de la reforma laboral es uno de los prioritarios.
El Gobierno ya perfila los cambios estructurales que buscará impulsar a partir de diciembre y la reforma laboral aparece como una de las prioridades. Así lo confirmaron fuentes oficiales, quienes anticiparon que los proyectos correspondientes serán de los primeros en llegar al Congreso una vez que el oficialismo logre incrementar su representación tras las próximas elecciones legislativas.
Vale recordar que el año pasado, a través de la Ley Bases, el Ejecutivo logró introducir algunos cambios en materia laboral. Entre ellos, la promoción del empleo registrado, la figura del trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en el régimen de indemnizaciones. Sin embargo, persisten problemas estructurales, especialmente en lo que respecta a la litigiosidad laboral, que sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza para el sector empresario.
Sobre este tema
Según destacan especialistas y referentes del sector, la proliferación de juicios laborales con sentencias consideradas “exorbitantes” -a partir de multas e intereses que multiplican varias veces el monto original reclamado- generó un escenario riesgoso para las empresas, especialmente las pymes. De hecho, según datos recientes, los juicios laborales marcaron un récord en 2024 con 125.842 causas, un 7% más que el año anterior. Además, se proyecta que para 2025 superen las 132.000 demandas.
Para los analistas, este fenómeno desalienta la generación de empleo formal y empuja a la informalidad, que se ha triplicado desde los años noventa.
Desde el sector empresario advierten que la combinación de altos impuestos al trabajo y el riesgo de enfrentar demandas millonarias hace casi inviable iniciar nuevos emprendimientos. Por su parte, la Corte Suprema intentó poner freno a los fallos desmedidos en casos como “Oliva” y “Lacuadra”, en los que se cuestionó la razonabilidad y proporcionalidad de las sentencias. Sin embargo, estas resoluciones sólo aplican a los casos concretos y no son de cumplimiento obligatorio para el resto de los tribunales, lo que mantiene la incertidumbre jurídica.
Un informe presentado ante el Senado señala que, actualmente, más de la mitad de las pymes argentinas enfrenta algún tipo de litigio laboral, con costos que muchas veces amenazan la viabilidad misma de sus negocios. En Argentina existen alrededor de 400.000 pymes, y si solo el 20% de ellas cerrara por este motivo, se perderían hasta 800.000 puestos de trabajo.
El Gobierno presentará la reforma laboral en diciembre
El oficialismo busca avanzar con una legislación que reduzca la litigiosidad y promueva el empleo registrado. Esto, en un escenario donde tanto la CGT como las cámaras empresarias reconocen que el sistema actual necesita cambios profundos para evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleos. La discusión promete ser uno de los ejes centrales del debate político y económico en la segunda mitad del mandato de Javier Milei.
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