El Gobierno nacional decidió dividir la histórica obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad en dos estructuras distintas. La medida busca afrontar un rojo millonario y reordenar la atención médica de cientos de miles de beneficiarios, mientras crece la incógnita sobre qué pasará con las prestaciones y los aportes.
Dos obras sociales donde antes había una
Hasta ahora, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) concentraba la cobertura médica de integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad federales, además de su grupo familiar. Con la decisión oficial, ese esquema se rompe y se crean dos organismos separados, con administración y presupuestos propios.
Según fuentes oficiales, la reorganización apunta a ordenar las cuentas de un sistema que arrastra un déficit estimado en $300.000 millones y que muestra serias dificultades para sostener la cadena de pagos con prestadores privados, sanatorios y proveedores de medicamentos.
De acuerdo a los datos que maneja el Ejecutivo, IOSFA apenas logra garantizar en promedio la atención de unos 600.000 afiliados, entre personal en actividad, retirados y familiares, con crecientes demoras en turnos, autorizaciones y cobertura de prácticas de alta complejidad.
Qué pasará con los afiliados
La división en dos obras sociales abre interrogantes entre los afiliados sobre la continuidad de la cobertura. En el Gobierno aseguran que no habrá cortes de servicio y que los actuales beneficiarios serán reasignados automáticamente a la obra social que corresponda según su fuerza de pertenencia, sin necesidad de trámites presenciales.
En principio, se mantendrían los planes vigentes, la red de prestadores y los centros propios, aunque no se descarta una revisión de convenios para renegociar aranceles y adecuar la oferta de servicios. La prioridad oficial es garantizar la provisión de medicamentos crónicos y tratamientos prolongados, que hoy concentran buena parte de los reclamos.
Especialistas en sistemas de salud coinciden en que la clave estará en cómo se financie cada nueva obra social y si se refuerzan o no los aportes del Tesoro. Sin una inyección de recursos y una gestión más eficiente, advierten, la sola división administrativa difícilmente alcance para revertir años de desfinanciamiento.
Un rojo estructural y una auditoría pendiente
El déficit de IOSFA no es nuevo, pero se agravó en los últimos dos años, empujado por la inflación en insumos médicos, la suba del dólar y el encarecimiento de las tecnologías sanitarias. A esto se suma una población afiliada que envejece, con mayor demanda de estudios, internaciones y medicamentos de alto costo.
En paralelo, sigue pendiente una auditoría integral sobre la gestión del instituto, anunciada pero aún sin resultados públicos. Esa revisión debería detallar contratos con prestadores, niveles de mora, gastos administrativos y eventuales irregularidades, un punto que reclaman tanto asociaciones de retirados como organizaciones de personal en actividad.
El Gobierno apuesta a que la nueva arquitectura institucional permita una administración más controlada, con información diferenciada para cada sistema de cobertura. Sin embargo, los gremios del sector y las entidades de retirados exigen que cualquier reforma se acompañe de transparencia en los números y participación de los afiliados en los órganos de decisión.
En los próximos meses se definirá el alcance real de la medida: desde cómo se redistribuye el personal hasta el modo en que se reconfigura la red de clínicas y sanatorios. Mientras tanto, los afiliados miran con atención una reforma que impacta directamente sobre un derecho clave: el acceso a la salud.
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