El Gobierno nacional consiguió este miércoles el aval del Senado para avanzar con su programa de reforma laboral, en una votación ajustada y marcada por fuertes debates políticos dentro y fuera del recinto.
Una votación clave para el oficialismo
Con el respaldo de sectores del radicalismo y de varios gobernadores aliados, el oficialismo alcanzó 42 votos afirmativos frente a 30 negativos para aprobar la iniciativa en la Cámara alta. La sesión se desarrolló en un clima de tensión política, con cruces entre bloques y cuestionamientos de la oposición.
El proyecto introduce cambios significativos en el esquema laboral actual y se convierte en una de las primeras victorias legislativas de la gestión en materia de reformas estructurales. Ahora, la atención se traslada a la reglamentación y a los eventuales planteos judiciales que puedan surgir.
Cajas sindicales y aportes automáticos
Uno de los puntos más sensibles de la reforma tiene que ver con las cajas sindicales. El texto aprobado habilita nuevamente la posibilidad de que ciertas contribuciones vuelvan a ser automáticas, fortaleciendo el financiamiento de las organizaciones gremiales.
Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca dar previsibilidad al sistema de representación colectiva y ordenar los aportes que realizan trabajadores y empleadores. La oposición, en cambio, denuncia que se trata de un retroceso en la libertad de los empleados para decidir si contribuyen o no a las estructuras sindicales.
Dirigentes gremiales ya adelantaron que seguirán de cerca la reglamentación y no descartan profundizar medidas de fuerza si consideran que la aplicación de la norma afecta derechos adquiridos o debilita convenios colectivos.
Cambio en la Justicia porteña y disputa de competencias
Otro eje central del debate fue el cambio en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma plantea un reordenamiento de competencias que impacta directamente en causas laborales con sede en el distrito porteño, lo que generó críticas de sectores de la magistratura y de abogados laboralistas.
Especialistas advierten que el traspaso y la redefinición de jurisdicciones podrían abrir una etapa de judicialización intensa, con planteos ante la Corte Suprema para dirimir conflictos entre la Nación y la Ciudad. En paralelo, se espera la reacción de los tribunales laborales, que ya venían manifestando preocupación por reformas anteriores.
Desde el Gobierno señalan que el objetivo es “modernizar” el sistema y darle mayor celeridad a los procesos, mientras que la oposición alerta por un posible menor grado de protección para los trabajadores en litigios contra empleadores.
Próximos pasos y reacciones políticas
La aprobación en el Senado reconfigura el escenario político en el Congreso y fortalece al oficialismo en su estrategia de avanzar con otras reformas. Sin embargo, los bloques opositores ya analizan distintas vías para intentar frenar o modificar puntos del texto, tanto en el ámbito parlamentario como en los tribunales.
En la calle, las centrales sindicales y movimientos sociales convocaron a nuevas jornadas de protesta y no descartan un paro general si la implementación de la reforma deriva en despidos o cambios contractuales masivos. Organizaciones de trabajadores advierten que la discusión recién empieza y que el impacto real se verá en los próximos meses.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a mostrar la aprobación de la reforma laboral como una señal de gobernabilidad hacia los mercados y organismos internacionales, en un contexto de recesión y fuerte caída del salario real.
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