El Ministerio de Capital Humano adelantó que buscará abrir una instancia de diálogo con las universidades nacionales después de la marcha prevista para este martes, con el objetivo de revisar el esquema de financiamiento y el control del gasto.
Desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello confirmaron que, una vez concluida la movilización universitaria de este martes, se convocará a los rectores de las universidades nacionales para abrir una mesa de trabajo. La intención oficial es discutir un nuevo esquema de distribución de fondos para los hospitales universitarios y, en paralelo, avanzar con mayores controles sobre el uso de los recursos.
El Gobierno busca mostrar disposición al diálogo en medio del malestar del sistema universitario por el ajuste presupuestario y la inflación. Las casas de estudio advierten hace meses que el financiamiento actual resulta insuficiente para cubrir gastos básicos de funcionamiento, salarios y servicios.
En ese contexto, la gestión de Capital Humano plantea que el rediseño de las partidas destinadas a hospitales universitarios debe ir acompañado por mecanismos de control más estrictos sobre los gastos y la ejecución de los recursos. Sin embargo, las autoridades universitarias reclaman que cualquier cambio se haga sin afectar la atención de salud y el funcionamiento académico.
Freno a la ley de financiamiento universitario
Otro punto central que adelantó el Ministerio es su postura sobre la ley de financiamiento universitario. Voceros de la cartera insistieron en que esa normativa, aprobada recientemente, “no puede aplicarse” por razones presupuestarias. El argumento oficial es que el Estado nacional no cuenta hoy con los recursos necesarios para sostener los incrementos previstos en la ley.
La decisión genera incertidumbre en el sistema universitario, que veía en esa ley una hoja de ruta para garantizar previsibilidad en el financiamiento a mediano y largo plazo. Rectores y docentes vienen advirtiendo que la falta de actualización de las partidas impacta de manera directa en la calidad educativa, la investigación científica y las políticas de becas estudiantiles.
El Gobierno, por su parte, sostiene que primero debe ordenar las cuentas públicas y revisar los criterios de asignación de fondos antes de comprometer aumentos permanentes. En ese marco, la reunión con los rectores asoma como un capítulo clave para intentar descomprimir el conflicto que se expresará en las calles con la marcha universitaria.
Mientras tanto, el escenario combina la presión de la comunidad educativa, que reclama recursos para sostener la actividad, y la estrategia oficial de ajustar el gasto en todas las áreas del Estado. Cómo se resuelva esa tensión marcará el rumbo de la política universitaria en los próximos meses.
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