A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional abrió un plan de retiros voluntarios para empleados públicos que deseen desvincularse del Estado. Las autoridades evaluarán cada solicitud para garantizar el funcionamiento operativo de los organismos oficiales.
El Gobierno nacional oficializó un régimen de retiros voluntarios para el personal de la Administración Pública Nacional centralizada mediante el Decreto 1203/2026 en el Boletín Oficial. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, coordinará las solicitudes. Los empleados de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado podrán inscribirse del 1° al 30 de noviembre de 2026.
Exclusiones y esquemas de compensación económica
La normativa excluye a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y personal docente. Asimismo, el texto gubernamental divide a los trabajadores en tres grupos según la edad y los aportes acumulados al 31 de octubre de 2026. Los montos a cobrar dependerán directamente del sueldo bruto habitual y los años de antigüedad acreditados formalmente.
Las mujeres de 58 años y los hombres de 63 sin aportes completos podrán optar por una suma mensual del 60% por 36 meses. De igual manera, los empleados pertenecientes a los grupos 2 y 3 recibirán indemnizaciones fijas calculadas por cada año trabajado en el Estado. Las sumas inferiores a 20 millones de pesos se liquidarán en un único pago, mientras que los montos mayores se abonarán en tres cuotas.
Plazos de evaluación e inhabilitación laboral
Las autoridades de cada organismo dispondrán de 40 días corridos para aceptar o denegar las solicitudes presentadas por los agentes públicos. En caso de no existir respuesta oficial al término del plazo, el trámite quedará automáticamente rechazado por la administración central. Esta restricción busca garantizar la continuidad y eficacia de los servicios estatales en todo el territorio nacional.
Por otro lado, los trabajadores que adhieran al programa no podrán desempeñarse en el sector público nacional durante ocho años. La prohibición abarca contrataciones directas, asesorías e ingresos en relación de dependencia, salvo el ejercicio de la docencia en universidades nacionales. Además, las vacantes generadas por este proceso quedarán eliminadas definitivamente para evitar el nombramiento de nuevos trabajadores.