La Ley de Inocencia Fiscal busca que los capitales no declarados ingresen formalmente al circuito económico a través de un blindaje jurídico permanente.
El Senado sancionó recientemente la ley de inocencia fiscal junto con el presupuesto general de la Nación. Esta nueva normativa introduce modificaciones estructurales al Régimen Penal Tributario y a los procedimientos de recaudación vigentes. El objetivo central de la reforma consiste en incentivar que los ciudadanos argentinos vuelquen sus ahorros en divisas hacia el consumo interno.
Para lograr este propósito, el Gobierno estableció un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con un tope patrimonial específico. Quienes adhieran a este sistema no tendrán la obligación de informar sobre sus variaciones patrimoniales futuras ante el Estado. Además, Arca dejará de controlar los consumos personales de quienes se sumen de manera voluntaria a esta iniciativa legislativa.
Por otro lado, la ley modifica los montos mínimos requeridos para configurar los delitos de evasión en el país. La cifra para la evasión simple ascendió desde un millón y medio hasta los cien millones de pesos. Asimismo, la justicia solo considerará evasión agravada a aquellas conductas que superen los mil millones de pesos defraudados en un ejercicio.
No obstante, la flexibilización de los controles estatales convive con un endurecimiento de las sanciones por faltas administrativas menores. Las multas por presentar declaraciones juradas fuera de los términos legales aumentarán bajo el nuevo esquema normativo. Así, el Estado busca un relajamiento de la presión fiscal para fomentar el crecimiento sostenido de la economía real argentina.
Mediante este blindaje, los ciudadanos podrán utilizar sus capitales sin temor a futuras investigaciones sobre el origen de sus gastos cotidianos. El oficialismo espera que esta medida dinamice el mercado interno y fortalezca la recaudación a través del consumo masivo de bienes.
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