El Gobierno nacional recalibra su estrategia judicial y decide avanzar primero en la cobertura de los dos cargos vacantes en la Corte Suprema antes de reactivar la discusión por una eventual ampliación del máximo tribunal.
En Casa Rosada admiten que el contundente triunfo electoral de octubre modificó los tiempos y las prioridades en materia judicial. La idea de ampliar la Corte Suprema quedó, al menos por ahora, en el congelador, mientras el oficialismo concentra sus fichas en alcanzar acuerdos para designar dos nuevos jueces y completar las cinco vocalías.
Con el resultado en las urnas, se enfriaron los contactos con el kirchnerismo y otros bloques del peronismo para negociar una reforma del tribunal. En Balcarce 50 sostienen que hoy no existe el clima político para impulsar una ampliación que requeriría mayorías especiales en el Congreso y una negociación fina con la oposición.
Prioridad: completar las cinco sillas del Máximo Tribunal
Con dos vacantes abiertas desde hace tiempo, el Gobierno busca ahora avanzar en una lista acotada de candidatos para cubrir esos lugares. Según fuentes oficiales, esta vez se evalúa la postulación de una mujer, en línea con los reclamos de paridad de género en los máximos cargos del Poder Judicial.
La Corte Suprema funciona actualmente con una integración reducida, lo que genera preocupación en sectores académicos y de la abogacía por el impacto en la resolución de causas sensibles, entre ellas disputas fiscales, conflictos entre Nación y provincias y cuestiones de institucionalidad democrática.
Para avanzar con las designaciones, el oficialismo deberá atravesar el procedimiento constitucional: envío de pliegos al Senado, audiencias públicas y votación con mayoría especial. En este punto, el Gobierno necesita construir consensos con la oposición dialoguista y con gobernadores que siguen de cerca el futuro del tribunal.
Negociaciones políticas y expectativas en el Congreso
Dirigentes oficialistas reconocen que, tras las elecciones, se reordenó el mapa de poder en el Congreso y que ya no es imprescindible tender puentes con el kirchnerismo para avanzar en temas institucionales. Sin embargo, admiten que nadie quiere un conflicto abierto con la Corte y que cualquier movimiento deberá ser cuidadoso.
En paralelo, distintos sectores de la oposición insisten en que cualquier acuerdo para nombrar nuevos jueces debe garantizar perfiles de trayectoria sólida, independencia frente al poder político y respeto por los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
Mientras tanto, la posibilidad de ampliar el número de integrantes del Máximo Tribunal se mantiene como una carta guardada. En el oficialismo reconocen que el tema podría volver a escena si cambian las condiciones políticas, pero hoy la consigna es clara: primero completar las vacantes, después discutir reformas de fondo.
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