El Poder Ejecutivo decidió mantener abiertas las sesiones extraordinarias en el Congreso e incorporar a la agenda la discusión por el financiamiento de las universidades nacionales, en línea con su plan de achicar el déficit fiscal.
Decreto para sostener la actividad legislativa
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno prorrogó hasta el 28 de febrero el período de sesiones extraordinarias del Congreso. La medida busca evitar que pierdan vigencia los dictámenes ya emitidos sobre proyectos clave y mantener el andamiaje legislativo activo en pleno verano parlamentario.
Con esta decisión, el oficialismo preserva la posibilidad de llevar al recinto iniciativas que ya superaron el debate en comisiones, sin necesidad de reiniciar el trámite desde cero cuando se retomen las sesiones ordinarias. Es una señal política para sostener la negociación con las distintas bancadas en un escenario de tensiones económicas y sociales.
Proyecto para reformar el financiamiento universitario
En paralelo, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que regula los recursos destinados a las universidades nacionales. El texto buscaría reordenar partidas, actualizar criterios de distribución y anclar el gasto en la estrategia de equilibrio fiscal que impulsa la Casa Rosada.
Fuentes oficiales señalan que la intención es vincular más estrechamente el presupuesto del sistema universitario con indicadores de desempeño, matrícula y metas académicas. Al mismo tiempo, el Gobierno pretende revisar los mecanismos de actualización automática que, según sus argumentos, presionan sobre el resultado fiscal en un contexto de alta inflación.
El debate se dará en un marco de preocupación por el financiamiento educativo, luego de años en los que las universidades denunciaron pérdida de poder adquisitivo de sus presupuestos y atraso salarial de docentes y no docentes. Rectores y gremios ya anticiparon que seguirán de cerca el contenido del proyecto.
Equilibrio fiscal y tensiones con el sistema universitario
La Casa Rosada insiste en que cualquier reforma deberá ser compatible con el objetivo de déficit cero. En ese marco, los cambios en la ley podrían incluir nuevas fuentes de financiamiento complementarias, mayor promoción de la investigación aplicada al sector productivo y una revisión de los gastos de funcionamiento.
Desde el lado de las universidades, la prioridad pasa por garantizar el normal dictado de clases, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de programas de extensión e investigación. El foco estará puesto en que la búsqueda de equilibrio fiscal no derive en un recorte que afecte la calidad académica y el acceso de los sectores de menores ingresos.
Organizaciones estudiantiles y gremiales ya analizan posibles medidas de presión si el texto oficial implicara un ajuste. No se descartan movilizaciones frente al Congreso ni jornadas de paro y clases públicas, en una pulseada que podría volver a colocar al sistema universitario en el centro de la agenda política nacional.
En las próximas semanas, el contenido del proyecto y el grado de apoyo que logre en el Parlamento definirán si la reforma del financiamiento universitario se convierte en una pieza más del plan económico oficial o en un nuevo foco de conflicto con la comunidad educativa.
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