A través del Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno denunció por sedición y otros delitos a los involucrados en los disturbios de la marcha de jubilados.
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por presuntos delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden democrático contra los detenidos durante la marcha de jubilados del miércoles pasado. Además, el Gobierno solicitó el apartamiento de la jueza que dispuso la liberación inmediata de todos los arrestados.
La denuncia se centra en la organización de actos violentos que se llevaron a cabo durante una movilización convocada para apoyar a los jubilados. Según el escrito presentado, se identificó una planificación premeditada por parte de varios grupos sociales para generar disturbios en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los incidentes, organizados a través de redes sociales, resultaron en una serie de actos violentos que involucraron a barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
Según el documento del director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad Fernando Soto, las consignas de la marcha rápidamente se convirtieron en disturbios, involucrando a clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente. Incluso a Mario Firmenich, exjefe de Montoneros, quien supuestamente apoyó la manifestación desde España a través de un video viral.
El Gobierno denunció por sedición a los involucrados en los disturbios de la marcha de jubilados
El Ministerio de Seguridad reportó que las movilizaciones generaron agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, resultando en daños a bienes públicos y, al menos, catorce policías heridos. Los daños incluyen un patrullero y motocicletas oficiales incendiados, además de ataques físicos a miembros de la Policía Federal Argentina.
Entre los heridos, se encuentra un subcomisario con diversas lesiones, así como el fotógrafo Pablo Grillo, quien fue golpeado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno. El informe menciona que los manifestantes llegaron al lugar armados con objetos incendiarios y clavos, causando daños y lesiones graves a las fuerzas de seguridad.
Pero la denuncia también critica abiertamente a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de todos los detenidos. Según el Ministerio, la magistrada habría violado el procedimiento penal al liberar a más de cien arrestados mediante un mensaje de WhatsApp, sin revisar pruebas ni antecedentes penales. Esto, pese a que muchos de los detenidos tenían registros por delitos graves como lesiones y tenencia de armas. Consecuentemente, Seguridad Nacional solicitó que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade, argumentando la gravedad de los delitos y su alcance federal.
También se contempla la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la jueza por presunto prevaricato y violación de deberes como funcionaria pública.
Fundamentos legales de la denuncia
La denuncia se fundamenta en varios artículos del Código Penal, incluidos los modificados por la Ley Antimafias (Ley 27.786). Tipifica la asociación ilícita agravada y penaliza la violencia premeditada de estos grupos. También se invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes participen en agrupaciones que utilicen la fuerza o el temor para imponer ideas o combatir adversarios.
El documento advierte que la violencia disfrazada de protesta social es un riesgo para la estabilidad institucional y democrática, y que se anticipan más movilizaciones violentas en el futuro. Por lo tanto, se solicita un sumario penal en el ámbito federal para investigar la supuesta sedición y otros delitos, además de la inhibición de la jueza Andrade en el caso.
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