El Gobierno nacional avanzó con una reconfiguración profunda del área de Salud y de las políticas vinculadas a la discapacidad, que ahora quedarán bajo una nueva secretaría con rango específico dentro del ministerio que conduce Mario Lugones.
Imagen: Ámbito
Los cambios se oficializaron mediante el decreto 27/2026, que redefine la estructura de la cartera sanitaria y formaliza la creación de la nueva Secretaría de Discapacidad, luego de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Qué cambia con la disolución de ANDIS
La medida implica el traspaso de las funciones que tenía la ANDIS hacia una secretaría específica dentro del Ministerio de Salud. Según fuentes oficiales, el objetivo es centralizar decisiones, reducir estructuras paralelas y ganar coordinación con otras áreas sanitarias.
Entre las competencias que asumiría la nueva Secretaría de Discapacidad se cuentan la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la articulación de prestaciones y coberturas, y la supervisión de programas de acompañamiento para personas con discapacidad y sus familias.
También quedarán bajo su órbita la relación con las obras sociales, el sistema de salud público y privado, y el seguimiento de las políticas de accesibilidad e inclusión, áreas que tradicionalmente generaron tensiones por demoras en pagos y reconocimientos de prestaciones.
Impacto en políticas de drogas y abordaje integral
El decreto no solo reorganiza el esquema de discapacidad. El Gobierno aprovechó la norma para introducir cambios en la política de drogas, reordenando programas de prevención, tratamiento y reducción de daños que estaban dispersos en distintas dependencias.
Con la nueva estructura, se buscaría un enfoque más integral entre salud mental, adicciones y discapacidad, tres dimensiones que suelen cruzarse en los territorios y que requieren respuestas coordinadas entre Nación, provincias y municipios.
La reorganización se da además en un contexto de ajuste del gasto público y revisión de organismos estatales. Organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en salud vienen reclamando que cualquier cambio preserve derechos adquiridos y garantice la continuidad de tratamientos y prestaciones.
Reclamos y expectativas del sector
Referentes de asociaciones de usuarios y prestadores consultados en las últimas semanas a nivel nacional advirtieron que toda modificación debe ser clara en cuanto a canales de atención, financiamiento y regulaciones, para evitar mayores demoras en la respuesta del Estado.
Entre las principales preocupaciones figuran el pago a tiempo de las prestaciones, la actualización de aranceles y el acceso al CUD, clave para el reconocimiento de derechos laborales, educativos y de transporte para personas con discapacidad.
Desde el Ministerio de Salud se plantea que la creación de la Secretaría de Discapacidad permitirá jerarquizar el tema en la agenda sanitaria y mejorar la coordinación federal con las provincias, aunque el impacto real de la reforma se medirá en los próximos meses.
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