El Gobierno nacional avanzó con el proceso para privatizar por completo Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa a las aerolíneas que operan en los aeropuertos argentinos, mediante una licitación pública abierta a oferentes locales y del exterior.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía a través de su publicación en el Boletín Oficial. Allí se detalla el marco general para avanzar con la privatización total de Intercargo. La resolución instruye a las áreas competentes a iniciar el procedimiento de licitación y a elaborar los pliegos que definirán las condiciones para los interesados.
Intercargo es la firma que se encarga de servicios de rampa como el traslado de equipaje, asistencia a aeronaves en tierra y atención a pasajeros para buena parte de las compañías que operan en el país. Hasta ahora se mantenía bajo control estatal, y su futuro formaba parte del debate sobre el rol del Estado en las empresas públicas.
Licitación nacional e internacional
El esquema definido por el Gobierno prevé una licitación pública nacional e internacional, lo que habilita a que participen tanto grupos empresarios locales como compañías extranjeras del sector aeronáutico y de servicios aeroportuarios. El objetivo oficial es transferir el 100% del paquete accionario y dejar la operación en manos privadas.
Los pliegos licitatorios deberán precisar las exigencias patrimoniales, técnicas y operativas para los oferentes, así como los compromisos de inversión, mantenimiento de servicios y niveles de calidad que deberán garantizarse en los aeropuertos donde Intercargo presta actualmente asistencia.
La cartera económica también deberá establecer los mecanismos de valuación de la empresa, los criterios para la selección de la oferta más conveniente y los plazos previstos para completar el traspaso, una vez adjudicada la licitación.
Impacto en el sistema aeroportuario
Intercargo cumple un rol clave en el funcionamiento del sistema aeroportuario argentino, ya que brinda servicios a líneas aéreas que conectan a las distintas provincias y a vuelos internacionales. Por eso, el proceso de privatización será seguido de cerca por las empresas del sector, por los trabajadores y por las provincias que dependen del transporte aéreo para sostener su actividad económica y turística.
La regulación futura de tarifas, la continuidad de los servicios y la coordinación con otros actores del sistema serán puntos centrales a la hora de evaluar el impacto de la medida. El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a atraer inversiones y mejorar la eficiencia, mientras se aguardan definiciones sobre el cronograma y los próximos pasos formales del proceso licitatorio.
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